Alavedra y Prenafeta presionaron a la Generalitat para vender solares

Los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo fianza por su implicación en el caso Pretoria de supuesta corrupción urbanística, realizaron diversas presiones a dos consejeros socialistas de la Generalitat catalana para beneficiar a una inmobiliaria a cambio de suculentas comisiones de la beneficiaria. Un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario define esta actuación como una "clara, constante y dirigida mediación de Prenafeta y Alavedra basada en correos, llamadas, cenas, citas, etc, con el objeto de favorecer a Espais", la inmobiliaria presid...

Los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo fianza por su implicación en el caso Pretoria de supuesta corrupción urbanística, realizaron diversas presiones a dos consejeros socialistas de la Generalitat catalana para beneficiar a una inmobiliaria a cambio de suculentas comisiones de la beneficiaria. Un informe de la Guardia Civil que consta en el sumario define esta actuación como una "clara, constante y dirigida mediación de Prenafeta y Alavedra basada en correos, llamadas, cenas, citas, etc, con el objeto de favorecer a Espais", la inmobiliaria presidida por Lluís Casamitjana, también imputado en el caso.

La presión fue ejercida sobre los consejeros Antoni Castells, titular de Economía, y Joaquim Nadal, responsable de Política Territorial. El Instituto Catalán del Suelo (Incasol), dependiente de esta última consejería, compró a Espais dos solares en 2008. Uno, en Cerdanyola del Vallès, por el que la Generalitat pagó más de 21 millones de euros, y otro en El Prat, por más de nueve millones. Prenafeta y Alavedra cobraron por cada una de esas operaciones más de 500.000 euros a través de las empresas Poliafers y Versabitur, respectivamente.

La revalorización causó un perjuicio de 32 millones a los Ayuntamientos

Alavedra y Prenafeta intentaron también la venta de un edificio situado al final de la avenida Diagonal de Barcelona. Espais pedía 89 millones de euros. Alavedra y Prenafeta se habrían llevado el 1,6% si la operación no se hubiera frustrado. El presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró ayer: "Pongo la mano en el fuego por Nadal y Castells".

La Guardia Civil relata que la intermediación de Alavedra y Prenafeta queda acreditada por las anotaciones que realizaron los afectados en agendas y libros relatando esos contactos y por los contratos hallados en el registro realizado en sus domicilios, además de las escuchas telefónicas y el control del correo electrónico. En una de esas anotaciones, datada el 6 de octubre de 2008, Prenafeta se refiere al consejero Nadal como "querido amigo", y "buen amigo", en otra datada el 1 de diciembre de 2008.

Ambos ex altos cargos de CiU también intentaron presionar al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, para que la sociedad Aguas de Barcelona comprara a Espais otros solares en El Prat, pero la operación también se frustró. "El consejero Baltasar todavía no me ha dado hora para la entrevista que le solicité. Me dicen, sin embargo, que este consejero dispone de una falta total de efectividad y que no vale la pena perder el tiempo con él", escribió Prenafeta en una de sus agendas.

Esas comisiones no se consideran delictivas y no forman parte de la investigación que realizó el juez Baltasar Garzón hasta que fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. Al margen de esos cobros, los dos ex altos cargos de CiU cobraron otros 637.590 euros cada uno por dos de los tres pelotazos urbanísticos de la trama sobre los que se centra la investigación y que era idéntica, según relatan varios autos de Garzón: los Ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico, pero se paralizaba por diversos motivos, hasta que la Generalitat modifica el plan urbanístico. El beneficiario siempre era la empresa promotora. De esa manera, la revalorización de los terrenos no repercutió en beneficio de los Ayuntamientos, a cuyas arcas públicas se causó un perjuicio de 32,3 millones de euros. El intermediario en esas operaciones fue siempre Luis García Sáez, ex diputado autonómico del PSC, que cobró más de ocho millones de euros en concepto de comisiones ilegales.