Aguirre se querella contra Gómez por denuncia falsa

La política madrileña comienza a cambiar de escenario: de la Asamblea de Madrid vira cada vez más a los tribunales. Si el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, anunció hace una semana una petición al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que incluya en su investigación a 45 altos cargos regionales, la presidenta Esperanza Aguirre también tira de los jueces para responder. Ayer anunció, como réplica, una querella contra Gómez por denuncia falsa.

"No vamos a consentir que se injurie, que se insulte y que se establezcan sospechas sobre los ...

La política madrileña comienza a cambiar de escenario: de la Asamblea de Madrid vira cada vez más a los tribunales. Si el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, anunció hace una semana una petición al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que incluya en su investigación a 45 altos cargos regionales, la presidenta Esperanza Aguirre también tira de los jueces para responder. Ayer anunció, como réplica, una querella contra Gómez por denuncia falsa.

"No vamos a consentir que se injurie, que se insulte y que se establezcan sospechas sobre los funcionarios de la Comunidad de Madrid", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que ofreció junto a la presidenta. "El Gobierno va a defender su honorabilidad", agregó Granados. "Vamos a actuar en defensa de 45 funcionarios que se han visto insultados, acusados de delitos gravísimos", terció Aguirre.

La denuncia de Tomás Gómez, presentada ante el juez Pedreira, reclama que también sean imputados en la trama Gürtel 45 altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluido el vicepresidente regional, Ignacio González. Los socialistas madrileños acusan a estos cargos -viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, entre otros- de haber prevaricado al avalar con su firma el troceamiento de contratos que hizo el Gobierno regional para poder adjudicar sin necesidad de abrir concurso público y a dedo a las empresas de la trama encabezada por Francisco Correa. Como mínimo, aseguran fuentes jurídicas de los socialistas, estos cargos son "colaboradores necesarios" del delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.