La Xunta frena la ejecución del mayor polígono industrial de Galicia
Los expropiados cumplen casi cinco meses de encierro en Salvaterra de Miño
El encierro que mantienen en el ayuntamiento de Salvaterra de Miño desde hace casi cinco meses los expropiados de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) y sus manifestaciones son los únicos referentes de actividad en el mayor polígono industrial de Galicia (cuatro millones de metros cuadrados), cuya urbanización no avanza desde que la actual Xunta tomó posesión el año pasado. El polígono tendría que estar funcionando este mismo año según las previsiones iniciales (de hace casi diez, cuando comenzó el proceso), pero su ejecución parece haberse transformado en una carrer...
El encierro que mantienen en el ayuntamiento de Salvaterra de Miño desde hace casi cinco meses los expropiados de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) y sus manifestaciones son los únicos referentes de actividad en el mayor polígono industrial de Galicia (cuatro millones de metros cuadrados), cuya urbanización no avanza desde que la actual Xunta tomó posesión el año pasado. El polígono tendría que estar funcionando este mismo año según las previsiones iniciales (de hace casi diez, cuando comenzó el proceso), pero su ejecución parece haberse transformado en una carrera de obstáculos a la que, a día de hoy, nadie pone una fecha de conclusión.
La Plisan nació con el objetivo primordial de convertirse en el puerto seco de Vigo. De hecho la Autoridad Portuaria es la principal propietaria de suelo (60%), que comparte con la Zona Franca (22%) y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS, 18%), que fue el encargado, en la anterior legislatura, de tramitar las expropiaciones y de coordinar las actuaciones para la puesta en marcha del polígono. Antes del relevo en la Xunta, el año pasado, el IGVS contrató por 14,5 millones de euros la urbanización del millón de metros cuadrados que le corresponden a la Xunta y destinó otros 21,8 millones a la ejecución de las obras de los servicios generales. Pero en nada de ello se ha registrado mayor avance.
La urbanización de un millón de metros está contratada pero no avanza
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que asume las competencias en la materia que en la anterior legislatura tenía encomendadas la de Vivenda, atribuyen el actual parón a "la complejidad" de la tramitación de las actas de recepción de los movimientos de tierras, que es la única fase definitivamente concluida, y de la creación de un consorcio por las tres administraciones implicadas para la gestión del polígono. Además, señalan las mismas fuentes para destacar el compromiso con su desarrollo, la Xunta acaba de licitar el enlace con la autovía A-52.
Pero el BNG, que fue el principal impulsor del polígono en la anterior legislatura, encuentra otras motivaciones al frenazo. "A Corina Porro le interesa hacer fuentes y paseos o rellenos en el propio puerto antes que pagar a los expropiados o invertir en una infraestructura que no rentabilizará en votos cuando se presente a la alcaldía de Vigo", apunta el diputado Henrique Viéitez.
Una moción suya en el Parlamento, en febrero, instó a la Xunta, con el respaldo de los tres grupos, a reanudar las obras, practicamente paralizadas desde mediados del año pasado. Además, el actual Gobierno gallego decidió no cumplir el convenio del anterior, formalizado en un decreto que publicó el Diario Oficial de Galicia en marzo del año pasado y que oficializó el pago de los derechos mineros a los expropiados, 7,7 millones de euros en total, reconocidos por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En lugar de ello, la actual Xunta recurrió dichas sentencias ante el Tribunal Supremo y esto, según Viéitez, podría paralizar el proyecto otros siete años.
Los titulares de esos derechos mineros iniciaron el 23 de noviembre un encierro en el salón de plenos de Salvaterra para reclamarlos. "El recurso al Tribunal Supremo sólo busca ganar tiempo", explica José Luis Martínez, uno de los líderes de los encerrados. "A la Xunta sólo le caben dos opciones: o cumplir el convenio o anularlo, si el Consello Consultivo dice que procede la anulación. Pero esto también conllevaría una indemnización equivalente", concluye.
En el salón de plenos de Salvaterra, con toda la impedimenta de colchones, trompetas y otros útiles para la supervivencia en el encierro y para el ruido en las manifestaciones (tres semanales), hay permanentemente un mínimo de 15 personas. La bandera del Vietcong comparte presencia con la gallega para subrayar aquella perseverancia oriental que derrotó al primer ejército del mundo, como ellos confían lograr frente a la Xunta.