Los condenados del Yak-42 piden suspender su ingreso en la cárcel
El general Vicente Navarro y los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, condenados a tres años de cárcel, el primero, y a 18 meses, los dos últimos, por la falsa identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en mayo de 2003, han solicitado que se suspenda su ingreso en prisión. Según fuentes jurídicas, el general alega su delicado estado de salud, y los comandantes, el hecho de que carecen de antecedentes penales y han sido condenados a menos de dos años.
La Audiencia Nacional dictó el pasado jueves un auto en el que ordena...
El general Vicente Navarro y los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, condenados a tres años de cárcel, el primero, y a 18 meses, los dos últimos, por la falsa identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en mayo de 2003, han solicitado que se suspenda su ingreso en prisión. Según fuentes jurídicas, el general alega su delicado estado de salud, y los comandantes, el hecho de que carecen de antecedentes penales y han sido condenados a menos de dos años.
La Audiencia Nacional dictó el pasado jueves un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia en la que, además de las penas de cárcel, se impuso una multa de 1.800 euros a Navarro y de 900 a cada uno de sus dos subordinados, así como el pago de 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El 22 de marzo, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los tres condenados contra la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en mayo de 2009.
En su sentencia, el Supremo argumenta que Navarro falseó 30 certificados de defunción, con la complicidad de sus dos ayudantes, por "la necesidad de repatriar, con rapidez, los cadáveres de los militares españoles [fallecidos] en un accidente aéreo cuando regresaban de una misión internacional [la de Afganistán] respecto a la cual la opinión pública se encontraba profundamente dividida" y con el objetivo de atender "las exigencias derivadas de la urgencia en la realización del [acto de] duelo" organizado en Madrid.