El laberinto judicial de dos víctimas

"Nos hemos cansado de las palmaditas en la espalda. Vamos a seguir adelante hasta que veamos al asesino de mi padre sentado en el banquillo y se haga justicia", recalca Amai Latiegui, hija de José María Félix Latiegui, asesinado por ETA el 14 de abril de 1981 cuando salía de la sede de la empresa Moulinex en Usurbil, de la que era director.

Amai y su madre, Ramona Garrido, sienten profunda rabia. No entienden la decisión de los jueces de considerar prescrito el asesinato de su padre y esposo. Ambas se aferran a los documentos oficiales y las cartas que muestran como único aval de la bat...

"Nos hemos cansado de las palmaditas en la espalda. Vamos a seguir adelante hasta que veamos al asesino de mi padre sentado en el banquillo y se haga justicia", recalca Amai Latiegui, hija de José María Félix Latiegui, asesinado por ETA el 14 de abril de 1981 cuando salía de la sede de la empresa Moulinex en Usurbil, de la que era director.

Amai y su madre, Ramona Garrido, sienten profunda rabia. No entienden la decisión de los jueces de considerar prescrito el asesinato de su padre y esposo. Ambas se aferran a los documentos oficiales y las cartas que muestran como único aval de la batalla que han planteado durante todos estos años, tanto en Francia como en España, para lograr el procesamiento del asesino, José Antonio Zurutuza Sarasola, Acuyo. Este etarra fue reclamado por la justicia española en 2004 por el asesinato de Latiegui y otros cuatro crímenes, entre ellos la muerte del delegado de Telefónica en San Sebastián, Enrique Cuesta, y su escolta, el policía Antonio Gómez, tiroteados en la capital donostiarra el 26 de marzo de 1982.

Cuesta: "Ellas se han movilizado muchísimo, pero no está todo perdido"

La fiscalía ha llevado al Supremo la prescripción del caso de Latiegui

La viuda de Latiegui y su hija reclaman más información policial y judicial sobre el caso. "Siempre que la solicitas te quedas con la sensación de que molestas", cuenta Amai, quien tenía nueve años cuando su padre fue asesinado. Ahora necesitan esa información más que nunca. Desconocen el motivo por qué hasta el 23 de noviembre pasado el asesinato de Latiegui, del que se acusaba a Zurutuza, se consideraba que no había prescrito, según la documentación de que disponen. Sin embargo, al día siguiente la Audiencia Nacional decide archivar la causa contra el etarra al entender que los hechos sí han prescrito al haber pasado más de 20 años, pese al voto particular discrepante del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez. La fiscalía ha recurrido esa decisión al Tribunal Supremo.

Los autos a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que las magistradas que votaron a favor de la prescripción del crimen consideran que ninguna de las diligencias realizadas entre el auto de procesamiento por el asesinato de Latiegui dictado contra Zurutuza por la Audiencia Nacional en octubre de 1982 y la petición de extradición, cursada en junio de 2005 a las autoridades francesas, interrumpen el plazo de tiempo para apreciar la prescripción. Bermúdez, en cambio, consideró que sí se han abierto investigaciones que paralizan el cómputo de años para dar por cancelada la causa judicial, y los enumera como prueba.

En cambio, la justicia sí ha logrado sentar en el banquillo a Zurutuza por el asesinato de Cuesta y de su escolta. El pasado 11 de febrero, la Audiencia Nacional celebraba el juicio por esta causa, ya visto para sentencia. La fiscalía pide 60 años de cárcel para el etarra, además de una orden de alejamiento de las familias y una indemnización de 1.200.000 euros. La defensa alegó precisamente que el delito ha prescrito.

Aprovechando esta vista, la viuda de Latiegui, su hija y el compañero de ésta se levantaron de entre el público con fotos del directivo y antes de que el juez, precisamente Gómez Bermúdez, les desalojase le gritaron: "Nos matan dos veces; nos mató él y está ayudándole usted".

Pese al juicio, no hay consuelo para la familia Latiegui. "Nos alegramos mucho por los familiares de Cuesta y esperamos que metan a Zurutuza en la cárcel pero nuestro grito es: ¿por qué Cuesta sí y Latiegui no? No nos vamos a conformar con verle en la cárcel por otro delito. Tenemos documentación que acredita que la extradición de Zurutuza se concedió exclusivamente por el asesinato de Latiegui porque no había prescrito en España", se lamenta su hija, quien trabaja como psicóloga.

Cristina Cuesta, hija del delegado de Telefónica y presidenta del Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, vive la otra cara de la moneda. Está contenta, pero reconoce que no es un caso fácil, aunque "es importante que después de tanto tiempo viéndolo casi imposible hayamos conseguido juzgar a Zurutuza". Se solidariza con la familia Latiegui: "Humanamente se entiende a Ramona, porque ha sido muy duro, un calvario jurídico y ellas se han movilizado muchísimo, pero no está todo perdido", opina Cuesta.

Ella tenía 20 años cuando su padre murió a manos de la banda y tuvo que dejar San Sebastián en una época en que las víctimas vivían señaladas por el "algo habrán hecho".

El proceso judicial contra el etarra ha resultado complejo durante todo este tiempo. Tras huir a América, se instaló en Francia, donde se casó con una francesa. En 2004, fue detenido durante una investigación sobre blanqueo de dinero de ETA. A partir de ahí, la justicia española lo reclamó por cinco asesinatos cometidos en los ochenta, entre ellos, los de Latiegui, Cuesta y su escolta. Los otros dos ya habían prescrito. La nacionalidad francesa que había conseguido Zurutuza complicó su extradición a España.

El caso llegó a sentar jurisprudencia, ya que la decisión del Tribunal de Burdeos en septiembre de 2005 supuso la primera aplicación del convenio de extradición europeo de Dublín, por el cual en esta causa el plazo de prescripción aplicable al crimen es el vigente en España -20 años- y no el francés, más breve -15 años-.

Para las víctimas del terrorismo, la prescripción de delitos es un callejón sin salida que puede cambiar gracias al anteproyecto de reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno y que prevé que los delitos terroristas no prescriban. "Si se hace una ley de no prescripción, que se haga, pero con carácter retroactivo para que todas las víctimas tengan justicia", reclama Amai. La Constitución garantiza, en su artículo 9.3, "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables".

Cristina Cuesta cree que "no puede haber memoria auténtica de dignificación para las víctimas sin justicia, sin reparación y sin la atribución de responsabilidades y la certificación de la verdad". Ambas se sienten fuertes: Cuesta, a la espera de la sentencia, mientras Amai Latiegui sigue tocando puertas. "Vamos a seguir luchando, porque necesitamos justicia", concluye.