El fiscal pide cárcel para ex dirigentes de Unió por malversación
El fiscal solicita penas que suman entre siete y 11 años de cárcel para seis personas, cinco de ellas militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), a las que acusa de malversación, cohecho y falsedad supuestamente cometidos al desviar subvenciones de la Generalitat destinadas a la formación de parados para financiar el partido de manera irregular. Dos de esos acusados ocupaban cargos de dirección en UDC cuando ocurrieron los hechos, entre 1994 y 1999.
El fiscal considera que Unió debe responder como responsable civil subsidiario y devolver 595.972 a la Generalitat si se acredita e...
El fiscal solicita penas que suman entre siete y 11 años de cárcel para seis personas, cinco de ellas militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), a las que acusa de malversación, cohecho y falsedad supuestamente cometidos al desviar subvenciones de la Generalitat destinadas a la formación de parados para financiar el partido de manera irregular. Dos de esos acusados ocupaban cargos de dirección en UDC cuando ocurrieron los hechos, entre 1994 y 1999.
El fiscal considera que Unió debe responder como responsable civil subsidiario y devolver 595.972 a la Generalitat si se acredita el delito de desviación de fondos.
El escrito de acusación del fiscal Fernando Rodríguez Rey presentado ayer en el juzgado relata que existió "un mutuo acuerdo" entre los cargos del Departamento de Trabajo, cuyo titular era entonces el democristiano Ignasi Farreras, para desviar a Unió el 10% de las subvenciones que recibieron las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols.
Partido y Generalitat
En esa conjunción de intereses, el fiscal considera que "jugó un papel decisivo" el secretario de Organización de Unió entre 1992 y 2006, Vicenç Gavaldà, para quien solicita 11 años de cárcel. Fue él quien "actuó procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC" y quién "urdió y medió en los pactos relativos a los importes de las subvenciones que cada año se destinarían a las empresas de Fidel Pallerols, así como las cantidades de las subvenciones que se iban a detraer" para desviarlas.
Otro de los acusados es Dolors Llorens, miembro del comité de Gobierno del partido y subdirectora de Empleo de la Generalitat entre 1995 y 1999. También están acusados los militantes Santiago Vallvé, Lluís Gavaldà y María Cruz Guerrero, esposa de Pallerols y que se dio de baja en 1998. Vallvé ya fue condenado en 2007, junto a otros ocho militantes de Unió, a un año y un mes de cárcel por otro caso de prevaricación y malversación de caudales públicos del Consorcio de Turismo de Cataluña.
La fiscalía cree que el dinero desviado se empleó para comprar material de oficina e informática para las sedes de Unió o para pagar las nóminas de militantes que, sin trabajar, estaban en nómina de las empresas beneficiarias.