'Cuarto y mitad'
La guerra de desgaste librada contra el Gobierno por los partidos de la oposición les conduce en ocasiones a utilizar el Parlamento para batallas superfluas. Sirva de ejemplo la proposición no de ley del PP debatida esta semana en el Congreso (que no es una norma vinculante, sino una sugerencia al poder ejecutivo) para realizar de inmediato "una profunda reestructuración del Gobierno y de la Administración General del Estado con el objetivo de reducir al menos en un 25% el número de altos cargos y asesores". La demagógica e irrealizable exigencia no era una precipitada respuesta al reciente an...
La guerra de desgaste librada contra el Gobierno por los partidos de la oposición les conduce en ocasiones a utilizar el Parlamento para batallas superfluas. Sirva de ejemplo la proposición no de ley del PP debatida esta semana en el Congreso (que no es una norma vinculante, sino una sugerencia al poder ejecutivo) para realizar de inmediato "una profunda reestructuración del Gobierno y de la Administración General del Estado con el objetivo de reducir al menos en un 25% el número de altos cargos y asesores". La demagógica e irrealizable exigencia no era una precipitada respuesta al reciente anuncio gubernamental de una disminución del déficit público por importe de 50.000 millones en tres años: había sido inscrita hace tres meses en el registro de la Cámara.
El Congreso vota la purga del 25% de los altos cargos y asesores en la Administración central
Los populares se apuntaron un éxito al sumar 175 votos, a un solo escaño de la mayoría absoluta que Rajoy echa en falta para presentar sobre seguro una moción de censura. Sin embargo, el apoyo al PP de los otros grupos, que utilizaron esa inocente arma de fogueo para meter el susto en el cuerpo a un Gobierno apenas repuesto de la semana horrible vivida en los mercados internacionales, fue acompañado por las severas críticas de sus portavoces. Los acompañantes de ocasión del PP no se mordieron lengua. El portavoz de ERC descalificó la proposición como "un síntoma de la auténtica degradación del debate público" y acusó a los populares de no tener un plan alternativo contra la crisis. Al portavoz de CiU la iniciativa le pareció "poco seria" y "muy populista".
La salvaje práctica de diezmar ante un pelotón a soldados enemigos apresados o a rehenes civiles cobra en esta amable versión incruenta de la purga político-administrativa un tamaño mayor. Los portavoces de CiU, PNV, ERC y BNG se preguntan por qué la proposición fija un 25% y no un 20%, un 30% o un 40%; en realidad, el cauteloso inciso "al menos" pegado al porcentaje no descarta que se pueda llegar a la medida del cuarto y mitad de las tiendas de ultramarinos. La superficie del organigrama del Estado destinada al barbecho es tan caprichosa que parece decretada por tertulianos ligeramente achispados acodados en la barra de un bar y compitiendo en decir machadas.
La portavoz del PP no dio ninguna pista acerca de los criterios aplicados para establecer el mágico 25%, ni tampoco informó sobre la distribución por departamentos de esa plétora de inútiles emboscados en la Administración General del Estado; sólo precisó con elegancia que "los únicos que no van al paro en este país son los socialistas porque cuando se quedan sin contrato entran como ministros, como asesores o como altos cargos". En cualquier caso, la proposición del PP no afecta a la Administración autonómica: pueden dormir tranquilos los altos cargos, asesores, edecanes, azafatas, publicistas, peluqueros y sastres que sirven a Esperanza Aguirre en Madrid y a Francisco Camps en Valencia.