Los jueces no se han pronunciado aún sobre la querella del PSPV
Los socialistas denunciaron al PP hace ya dos meses
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) guarda silencio sobre la querella presentada a principios de noviembre por los socialistas por presunta financiación irregular del PP valenciano. Su único pronunciamiento, a finales de ese mismo mes, no resolvía el primer paso del trámite judicial: la competencia o no para investigar un delito en el que supuestamente están implicados altos cargos de la Generalitat.
Lo que hizo entonces el TSJCV fue anunciar la petición de información a las Cortes Valencianas, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Registro de Pa...
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) guarda silencio sobre la querella presentada a principios de noviembre por los socialistas por presunta financiación irregular del PP valenciano. Su único pronunciamiento, a finales de ese mismo mes, no resolvía el primer paso del trámite judicial: la competencia o no para investigar un delito en el que supuestamente están implicados altos cargos de la Generalitat.
Lo que hizo entonces el TSJCV fue anunciar la petición de información a las Cortes Valencianas, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Registro de Partidos, al propio PP y a la Junta Electoral Central. Quería así confirmar el aforamiento de algunos querellados, como el presidente Francisco Camps; saber si el tribunal madrileño actúa sobre la financiación; conocer el grado de autonomía y decisión del PP valenciano dentro del PP; tener certeza sobre las responsabilidades de ciertos dirigentes y acreditar que fueron en las listas de las últimas elecciones. El PP confirmó ayer que recibió la petición de información a finales de noviembre y la respondió enseguida.
El tribunal guarda silencio desde entonces. Y lo hace después de haber ignorado el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre financiación irregular del PP, al que decidió no prestar atención a finales de julio, cuando lo recibió mientras deliberaba sobre la causa abierta contra Camps por los trajes, y que finalmente decidió archivar.
El informe destapaba mecanismos para la financiación ilegal:
» Doble facturación. De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA.
» Facturas de constructoras. Hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurre al cambio de cliente, endosa facturas por servicios al PP a dos constructoras con contratos con la Administración valenciana.
» Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano engrosan la caja b de Orange Market. Parte de ellos llegan a la de la empresa matriz, en Madrid. Este dinero se destina al pago de los gastos propios y de las entregas de dinero que realizan supuestamente a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...