Castellón "restablece la normalidad" en el PGOU
El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sus modificaciones, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el planeamiento hace un año. El PP se valió de su mayoría para ratificar el plan pese a las dudas jurídicas planteadas por la forma en la que se ha cumplido el fallo del tribunal.
El vicealcalde, Javier Moliner, no dio ninguna explicación a los requerimientos realizados por la oposición -el PSPV y el Bloc- sobre las diferencias planteadas por los propios técnicos municipales, que no han clarificado bajo qué ley se debí...
El Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sus modificaciones, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el planeamiento hace un año. El PP se valió de su mayoría para ratificar el plan pese a las dudas jurídicas planteadas por la forma en la que se ha cumplido el fallo del tribunal.
El vicealcalde, Javier Moliner, no dio ninguna explicación a los requerimientos realizados por la oposición -el PSPV y el Bloc- sobre las diferencias planteadas por los propios técnicos municipales, que no han clarificado bajo qué ley se debía aprobar el plan, la LRAU, vigente durante su redacción, o la LUV, vigente en la actualidad.
Moliner minimizó en todo momento el trámite al que les obligó el Supremo hasta el punto de hablar de "encargo" y no de ejecución de la sentencia que declaró el plan nulo. El vicealcalde argumentó que la aprobación servirá para "restablecer la normalidad" e insistió en que se trataba sólo de subsanar un defecto de forma.
Para el portavoz socialista, Juan María Calles, el PGOU "aboca a un nuevo conflicto judicial" y su aprobación "está sustentada en el voto del mayor imputado de la Justicia española", en referencia a Carlos Fabra. Por su parte, Nomdedéu argumentó su voto en contra porque no tiene "garantías de estar haciendo lo mejor para la ciudad". Y añadió: "No sé si estamos ejecutando correctamente la sentencia del Tribunal Supremo".
Además, ambos ediles aludieron a las más de 600 alegaciones, que han sido desestimadas, en algunos casos sin argumentación, y criticaron el "desprecio" a la participación ciudadana.