El PP rebaja pero no suprime la carga a los municipios por las obras públicas
El Partido Popular en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento que rebaja pero no suprime definitivamente las cargas a los ayuntamientos en cuyos términos municipales ejecute obras públicas la Consejería de Infraestructuras.
La redacción inicial del artículo en cuestión establecía que los ayuntamientos correrían con los gastos derivados de la reposición de servicios afectados por obras públicas. Si una nueva carretera obligaba a trasladar las conducciones de gas, de agua, de electricidad, de cableado telefónico, etcétera, de una localidad, sería el Ay...
El Partido Popular en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento que rebaja pero no suprime definitivamente las cargas a los ayuntamientos en cuyos términos municipales ejecute obras públicas la Consejería de Infraestructuras.
La redacción inicial del artículo en cuestión establecía que los ayuntamientos correrían con los gastos derivados de la reposición de servicios afectados por obras públicas. Si una nueva carretera obligaba a trasladar las conducciones de gas, de agua, de electricidad, de cableado telefónico, etcétera, de una localidad, sería el Ayuntamiento el que tendría que pagar ese traslado.
El socialista Francesc Signes alertó a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, exigió la convocatoria de su junta de portavoces y requirió un pronunciamiento en contra de las intenciones de Mario Flores, consejero de Infraestructuras.
Varios alcaldes del PP expresaron su malestar ante una modificación legal destinada a aliviar las arcas de la Generalitat a costa de las mermadas finanzas municipales.
La enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP al texto original plantea que los ayuntamientos corran con los gastos de la reposición de servicios cuando "sean necesarias para poder acometer las obras públicas de su competencia que vayan a ejecutarse por la Consejería de Infraestructuras".
El socialista Signes plantea una redacción alternativa que precise que la competencia municipal debe restringirse a "servicios mínimos y obligatorios a tenor de la legislación de régimen local". El diputado argumenta que las competencias de los municipios más grandes son tantas que Infraestructuras podría exigir a los alcaldes que asumieran gastos de resposición de servicios en casi cualquier obra pública en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.
La Diputación de Valencia debate hoy una moción formulada por el socialista Rafael Rubio contra la ley de acompañamiento que "contempla una novedosa medida que puede suponer un grave quebranto a las ya mermadas arcas municipales".