Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos
Tres municipios aprobaron recalificaciones a favor de ex cargos de CiU y PSC
El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido;
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidad...
El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido;
1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
Luigi mediaba entre ayuntamientos y empresas y repartía luego las comisiones
2) Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas.
- Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días.
Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación.
- Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros. Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o "conseguidores". Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García.
- Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros. Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (...) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.
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