Economía retirará los privilegios de los curas-cajeros en Unicajasur
El PSOE garantiza a IU que las prerrogativas no figurarán en la reforma
La reforma de la ley de cajas, que se aventuraba menos polémica que cuando se redactó hace ahora diez años, lleva camino de retomar su guión de controversia original y, de nuevo, con un viejo decorado de fondo: el de los privilegios de los representantes del Cabildo catedralicio de Córdoba en Unicajasur, la nueva entidad que se creará por la fusión de Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén.
En el borrador del decreto ley de reforma elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico, se mantiene expresamente las prerrogativas que la actual norma autonómic...
La reforma de la ley de cajas, que se aventuraba menos polémica que cuando se redactó hace ahora diez años, lleva camino de retomar su guión de controversia original y, de nuevo, con un viejo decorado de fondo: el de los privilegios de los representantes del Cabildo catedralicio de Córdoba en Unicajasur, la nueva entidad que se creará por la fusión de Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén.
En el borrador del decreto ley de reforma elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico, se mantiene expresamente las prerrogativas que la actual norma autonómica concede a los canónigos en cuanto a duración de mandatos indefinidos en las cajas y un límite de edad de jubilación hasta los 75. Esta bula no la tiene el resto de los miembros de los consejos de administración para los que rigen dos mandatos (hasta 12 años) y un retiro obligado al cumplir los 70.
"La percepción que hay es que esto no va a salir", dicen en la caja cordobesa
Esta decisión inicial del Gobierno socialista no se va a mantener, según afirmó a EL PAÍS, el portavoz adjunto de IU, Pedro Vaquero, tras celebrar ayer una reunión con el secretario de Organización del PSOE andaluz, Rafael Velasco, y con el secretario general de Economía, Manuel Recio, en el Parlamento, en la que no se le entregó ningún documento, mientras que el PP sí tiene documentación escrita en su poder.
Según Vaquero, Recio le garantizó que en el "decreto no va a aparecer" la prórroga de las prerrogativas de los curas, que estarán sometidos al régimen general como el resto de los mortales. Esta versión fue confirmada anoche por fuentes del Gobierno andaluz, que minimizaron esta rectificación al comentar que el documento en el que se defiende los privilegios legales eran "unas notas iniciales sujetas a modificación y negociación". Según algunas fuentes, en el primer borrador del decreto ley tampoco figuraba reconocido los privilegios de los canónigos cordobeses, pero nadie explica por qué, quién y para quién incluyó conservarlos en una segunda versión del texto, que finalmente va a desaparecer.
"La percepción que hay es que esto no va a salir", reconocieron ayer fuentes de Cajasur. Según estas fuentes consultadas, "la Iglesia ha sido la que ha pedido" que se mantuvieran determinados privilegios de los llamados "patronos natos". Se trata de los seis sacerdotes miembros del Cabildo catedralicio de Córdoba que actualmente se sientan en el Consejo de Administración de Cajasur. "La Iglesia no renuncia a nada", así resume esta fuente la negociación abierta para la fusión de Unicaja y Cajasur. "Y se defienden cosas que no tienen mucho sentido".
El mantenimiento de los privilegios de los canónigos, al que, irónicamente, los partidos políticos y el Gobierno denominan "singularidad", había levantado una considerable polvareda entre algunos miembros del Consejo de Administración de Unicaja, la entidad que se echará a los hombros el pésimo resultado de la caja cordobesa, por sus negocios especulativos ligados a la construcción. Lo consideraban una "discriminación flagrante", al considerar que habría consejeros de primera y de segunda. IU lo tildó de "antigualla prehistórica".
La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, abogó ayer por la "flexibilidad y la rapidez" para garantizar la creación mediante fusión de Unicajasur y no descartó retrasar la aprobación del decreto ley hasta el martes 27 de octubre. Este texto tiene que ser convalidado por el Parlamento.