IU apoyará la ley de Aguirre para la Cañada si se aseguran los realojos

Izquierda Unida está dispuesta a abrir un resquicio al consenso sobre la ley de la Cañada Real Galiana. El partido no se opondrá a esta norma si el Gobierno regional acepta asegurar el realojamiento de los pobladores más desfavorecidos de la vía donde habitan unas 30.000 personas en distintos términos municipales.

"La ley, como está, tiene suficientes elementos de avance en el problema de la Cañada Real para que, si se hace una aplicación bien intencionada, suponga ya un avance de lo que se ha hecho hasta ahora", explica el alcalde de Rivas, José Masa, de IU, que está trabajando en coor...

Izquierda Unida está dispuesta a abrir un resquicio al consenso sobre la ley de la Cañada Real Galiana. El partido no se opondrá a esta norma si el Gobierno regional acepta asegurar el realojamiento de los pobladores más desfavorecidos de la vía donde habitan unas 30.000 personas en distintos términos municipales.

"La ley, como está, tiene suficientes elementos de avance en el problema de la Cañada Real para que, si se hace una aplicación bien intencionada, suponga ya un avance de lo que se ha hecho hasta ahora", explica el alcalde de Rivas, José Masa, de IU, que está trabajando en coordinación con el grupo parlamentario de la coalición en la Asamblea.

Precisamente, la Cañada Real Galiana será una de las protagonistas del debate político en la Cámara regional a lo largo de octubre. El próximo jueves se debatirá la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista de Madrid (PSM) y, en el último pleno del mes, el 22 de octubre, se tramitarán las enmiendas a la totalidad de la ley de la Cañada Real que ha presentado Esperanza Aguirre (PP).

La zona, de unos 15 kilómetros, está calificada como suelo rústico

En la vía pecuaria hay asentamientos chabolistas, pero también chalés

Mientras la primera propuesta tiene todas las papeletas para que la tumbe la mayoría del PP (62 de 120 diputados), la ley de Aguirre saldrá cómodamente adelante. Su objetivo final es quitar la consideración de dominio público a esta vía pecuaria para legalizar las construcciones que ya existen y deja a los Ayuntamientos que resuelvan el problema de la población marginal que habita en las chabolas.

La cuestión es que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha prometido contar con el consenso de todos los grupos. Y, de momento, ni siquiera tiene el de los Ayuntamientos afectados: Madrid (gobernada por el PP), Coslada (PSM) y Rivas (con una coalición IU-PSM).

El principal escollo es que los tres municipios se quejan de que, a última hora, el Gobierno de Aguirre introdujo un punto nuevo, no consensuado, que establece un plazo de dos años para cerrar el acuerdo social. Si no se produce, permite vender el suelo. Hasta ahora los tres municipios afectados y la oposición en la Asamblea (PSM e IU) han pedido que se retire la ley.Pero el grupo de IU se reunió el pasado viernes con el alcalde de Rivas para abordar la posición que van a tomar en la Asamblea. La reunión sirvió para abrir una posibilidad a un apoyo del partido al texto legal.

"Nosotros queremos ponerle el adjetivo al plazo de dos años", afirma Masa. Su propuesta es que los dos años que recoge la ley no cierren el acuerdo social, sino que se conviertan en el plazo fijado para poner en marcha "un instrumento jurídico" que permita a las administraciones afectadas abordar los realojos. "Si se mantiene que la prioridad es el acuerdo social, como ayuntamiento me doy por satisfecho", sostiene Masa.

El alcalde de Rivas también amenaza con poner zancadillas al proceso si no se cumple este aspecto. "Si el plazo de dos años se interpreta como que la Comunidad de Madrid tiene la llave para retirarse de la negociación, no podríamos estar de acuerdo", prosigue Masa. En ese caso, explica, el ayuntamiento acataría lo que la ley le obligara, pero no facilitaría el proceso. "Por ejemplo, en ningún caso modificaríamos la situación del suelo de la Cañada Real y lo mantendríamos como zona verde". Con esta calificación, las viviendas situadas en la vía a su paso por Rivas, aunque el suelo dejara de ser considerado bien de dominio público, serían demolidas.

La postura que adoptará IU en la Cámara es diferente a la del grupo socialista. Su portavoz en la comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Antonio Fernández Gordillo, avanza que presentarán una enmienda a la totalidad a la ley de la Cañada Real Galiana con texto alternativo y, también, enmiendas parciales.

Antes, pretenden que se discuta su proposición de ley, que contempla un plan de intervención integral en la cañada, que aborda aspectos medio ambientales, sociales y urbanísticos. La ley, un texto de 19 páginas presentado el pasado 30 de junio en la Asamblea, contempla la desafectación como punto final, después de finalizar la intervención social, y no como inicio, como hace la de Aguirre.

Como paso previo al debate de su propuesta, el grupo socialista ha convocado mañana lunes a las cinco de la tarde a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez (PP), al alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSM), y al de Rivas, José Masa (IU), para conocer la voluntad de los ayuntamientos respecto a la ley de Aguirre. "Nosotros no vamos a renunciar al contenido de nuestra ley", declara el diputado socialista.

La edil de la capital defendió hace una semana que el problema de la Cañada Real Galiana no se soluciona por la vía de enajenar el terreno, sino con un compromiso de intervención social entre las administraciones afectadas. "El compromiso social no puede tener un límite temporal", recalcó sobre el plazo de los dos años impuesto por el Gobierno regional.

La Cañada Real Galiana, una vía pecuaria de unos 15 kilómetros, que en la actualidad es un bien de dominio público con calificación de suelo rústico, tiene una gran parte del territorio edificado ilegalmente, tiene asentamientos chabolistas, pero también con casas y chalés. Unas 30.000 personas viven en ella.

El problema más acuciante es de los pobladores de las chabolas. Pese a ello, el proyecto del Ejecutivo regional los olvida y pretende regularizar la situación de los propietarios de las edificaciones estables, para que puedan adquirir el suelo que ocupan. Los detractores de la ley opinan que, sin resolver el realojo de los chabolistas, eso supone avivar el problema.