El juez acusa al alcalde de Zurgena de prevaricación
El Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa (Almería) ha ordenado la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas incoadas hace un año y dos meses cuando la Guardia Civil tomó el pueblo de Zurgena, en lo que se llamó Operación Costurero. Aquella actuación derivó en el arresto del alcalde andalucista, Cándido Trabalón, y del que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, por permitir la construcción de miles de viviendas ilegales.
La decisión del juez es el paso previo a la apertura de juicio oral contra los 25 imputados por esta causa, entre los que f...
El Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa (Almería) ha ordenado la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas incoadas hace un año y dos meses cuando la Guardia Civil tomó el pueblo de Zurgena, en lo que se llamó Operación Costurero. Aquella actuación derivó en el arresto del alcalde andalucista, Cándido Trabalón, y del que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, por permitir la construcción de miles de viviendas ilegales.
La decisión del juez es el paso previo a la apertura de juicio oral contra los 25 imputados por esta causa, entre los que figuran además de Trabalón y Tijeras, ocho concejales de la antigua corporación. En el auto, el juez acusa a Trabalón de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y de falsedad documental.
El primer edil podría haber permitido la obtención de licencias ilegales mediante silencio administrativo, además de haber dado el voto favorable a la concesión de licencias de obra mayor y de segregación sin cumplir los requisitos exigidos por ley.
El juez estima que Trabalón incurrió en cohecho por la construcción de cinco estructuras de viviendas y un edificio de tres alturas por parte de promotoras a las que se daba un trato de favor.
Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable y la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas de suspensión.