El cazador cazado

Los principales periódicos (incluido EL PAÍS), se han hecho eco de que se han abierto en las últimas fechas procedimientos sancionadores por parte de la Agencia Española de Protección de Datos contra diversos juzgados. La razón: deshacerse de documentos judiciales con datos personales relevantes incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Es paradójico, que el poder judicial, como garante de la potestad jurisdiccional, incumpla lo establecido legalmente. No se puede pretender conseguir que la gente respete la ley, cuando el encargado de velar por su cumplimiento hace caso omiso...

Los principales periódicos (incluido EL PAÍS), se han hecho eco de que se han abierto en las últimas fechas procedimientos sancionadores por parte de la Agencia Española de Protección de Datos contra diversos juzgados. La razón: deshacerse de documentos judiciales con datos personales relevantes incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Es paradójico, que el poder judicial, como garante de la potestad jurisdiccional, incumpla lo establecido legalmente. No se puede pretender conseguir que la gente respete la ley, cuando el encargado de velar por su cumplimiento hace caso omiso de la misma. Lo preocupante es que el problema en ningún caso es aislado, sino que la mayoría de los órganos de la Administración pública, no cuentan con los mecanismos necesarios para llevar a cabo una política adecuada en lo que a protección de datos se refiere. Es un ejemplo más de falta de celo en algunas administraciones públicas, a la que tampoco ayudan la escasez de inversión económica de los sucesivos Gobiernos.