El ex alcalde de Boadilla sigue en el núcleo de control del Ayuntamiento
Panero reaparece como vocal del PP en las comisiones de Personal y Hacienda
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado por cohecho y prevaricación y uno de los nombres más recurrentes -bajo el apodo de El Albondiguilla- del sumario del caso Gürtel, se mantiene como titular en dos de las cinco comisiones municipales. Importantes, además. Una, la de Hacienda y Patrimonio, por donde pasan todo el presupuesto del Consistorio y todas las adjudicaciones y trámites que afectan a su economía. La otra, la de Personal y Asuntos Internos, que controla a los más de 400 trabajadores de la corporación, incluida su policía. Esta segunda responsabilidad ...
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte imputado por cohecho y prevaricación y uno de los nombres más recurrentes -bajo el apodo de El Albondiguilla- del sumario del caso Gürtel, se mantiene como titular en dos de las cinco comisiones municipales. Importantes, además. Una, la de Hacienda y Patrimonio, por donde pasan todo el presupuesto del Consistorio y todas las adjudicaciones y trámites que afectan a su economía. La otra, la de Personal y Asuntos Internos, que controla a los más de 400 trabajadores de la corporación, incluida su policía. Esta segunda responsabilidad aún la desconocen los grupos de la oposición, que ayer le dejaron plantado en la de Hacienda y en breve se toparán con él en la de Asuntos Internos.
"Hay mil políticos imputados en España, muchos de ellos alcaldes socialistas. Yo ya hice suficiente dando un paso atrás al dejar la alcaldía", explica, bastante alterado, González Panero, que asegura que el Partido Popular le apoya: "Me siento respaldado por mi partido". Sin embargo, varios concejales de su formación y el epicentro del PP, en Génova, han intentado evitar su presencia en el Ayuntamiento.
De hecho, su dimisión se retrasó unos días porque, en un principio, Panero se negó a seguir las directrices que le marcaba su formación. Además, obligó en lo que él llamó "negociaciones" a que dimitiera antes la que entonces era su número dos, María Jesús Díaz, con la que mantenía una fuerte rivalidad por el control de la agrupación en Boadilla.
El nuevo alcalde, Juan Jesús Sigueros, pertenecía a los hombres de confianza de Panero, aunque al llegar al cargo -desoyendo las recomendaciones del PP nacional, que apostó por otra concejal, Miriam Villares- aseguró que el ex regidor no iba a participar "en la gestión municipal". Un discurso modificado por el paso de las semanas, aunque en privado sigue sosteniendo que no es "una marioneta" y actúa de manera independiente.
Las comisiones informativas son reuniones previas a los plenos en las que participan siete concejales. Sus acuerdos, secretos, pasan a ser debatidos de manera pública en los plenos. "Tengo vocación de servicio y puedo ayudar a la gestión gracias a mi experiencia en estos temas, sobre todo en Hacienda", se defiende Panero, que anuncia que ha presentado sendas querellas por injurias contra los líderes de la oposición, Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla, y Pablo Nieto, del PSOE.
Los dos bloques opositores se ausentaron ayer de la comisión de Hacienda en la que apareció Panero tras una tensa discusión. Un cruce de acusaciones que incluyó el recuerdo por parte del PSOE de fragmentos del auto que hizo público sobre el caso el juez Baltasar Garzón. Panero defendió su presunción de inocencia y lo mismo hizo el actual alcalde, Sigueros, que apeló a su experiencia.
"Arturo González Panero tiene muy controlado aún a todo el grupo municipal, consecuencia de su particular forma de gobernar durante años", desliza una voz de su propio partido. "Todos los concejales tienen miedo, incluido Sigueros", insisten. El ex alcalde tiene un despacho en la misma planta que el regidor, en la tercera, "la noble", comentan desde la oposición. El socialista Nieto asegura que le ve más "ahora que cuando mandaba".
La supuesta relación de la malla de corrupción ideada por Correa con el municipio fue muy estrecha. Allí se adjudicaron parcelas al constructor imputado José Luis Ulibarri, y se cedió la explotación de locales comerciales por un precio ridículo a otra compañía ligada al imputado José Ramón Blanco Ballín. Un bajísimo precio que la empresa ni siquiera llegó a abonar desde que recibió la adjudicación en 2005.