Chiclana abre al pago a plazos la normalización de casas ilegales
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), gobernado por PSOE, IU y PSA, cuenta ya con un borrador que establece las fórmulas con las que los propietarios de viviendas ilegales que proliferan en el municipio, estimadas en unas 15.000, podrán pagar la regularización de sus casas.
El Consistorio permitirá que los dueños entreguen una entrada y paguen a plazos la cantidad completa hasta saldar el dinero que requieren las infraestructuras y servicios básicos que se tienen que construir. En aquellos casos en los que los vecinos no tengan recursos económicos, se propone imponer una carga registral ...
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), gobernado por PSOE, IU y PSA, cuenta ya con un borrador que establece las fórmulas con las que los propietarios de viviendas ilegales que proliferan en el municipio, estimadas en unas 15.000, podrán pagar la regularización de sus casas.
El Consistorio permitirá que los dueños entreguen una entrada y paguen a plazos la cantidad completa hasta saldar el dinero que requieren las infraestructuras y servicios básicos que se tienen que construir. En aquellos casos en los que los vecinos no tengan recursos económicos, se propone imponer una carga registral sobre las parcelas y las casas, que se transmitirá en caso de muerte del propietario a sus herederos, y en caso de venta de la vivienda, al nuevo dueño.
El borrador que maneja el Ayuntamiento, que tiene todavía que consensuarse con las asociaciones de vecinos, busca una solución al principal problema que ha planteado la regularización de viviendas: que los dueños no quieren legalizar sus casas por el alto coste que supone.
Las ordenanzas planteadas por el anterior equipo de gobierno estimaban un coste de entre 20 y 40 euros por metro cuadrado, sólo para la luz, el agua y otros servicios básicos. Es decir, que el propietario de una parcela de 1.000 metros cuadrados, tamaño más pequeño permitido en este tipo de urbanizaciones, tendrá que abonar una media de 30.000 euros.
La solución propuesta por el Consistorio descarta la ayuda pública del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía.