"Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante en Calp"
El empresario que ejecutó la red de agua declara que el cuñado de un concejal del PP le ofreció la contrata antes de aprobarse
"Prepárate, que Juan Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante que hacer en Calp". De este modo, Francisco Artacho, cuñado del concejal de Aguas del PP en Calp y diputado provincial Juan Roselló, le habría ofrecido al propietario de la mercantil Montubo, Salvador Ibarra, la ejecución real de las obras de la red transversal del abastecimiento de ese municipio un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto y procediera a su adjudicación.
En su declaración como imputado ante la juez que investiga el caso, Ibarra aseguró que Artacho le hizo ese ofrecimiento durante una r...
"Prepárate, que Juan Roselló me ha dicho que tenemos una obra importante que hacer en Calp". De este modo, Francisco Artacho, cuñado del concejal de Aguas del PP en Calp y diputado provincial Juan Roselló, le habría ofrecido al propietario de la mercantil Montubo, Salvador Ibarra, la ejecución real de las obras de la red transversal del abastecimiento de ese municipio un mes antes de que el Ayuntamiento aprobara el proyecto y procediera a su adjudicación.
En su declaración como imputado ante la juez que investiga el caso, Ibarra aseguró que Artacho le hizo ese ofrecimiento durante una reunión en el Salón del Agua y el Medio Ambiente celebrado en Zaragoza en febrero de 2004 a la que también acudió el gerente de Aguas de Calpe, José Alberto Mut. Sin embargo, el pleno de Calp no aprobó el proyecto con los votos solitarios del PP hasta el 17 de marzo de aquel año, adjudicando las obras a la empresa mixta Aguas de Calpe, que a su vez las subcontrató nueve días después a Obras Hidráulicas del Levante, la firma de Artacho dedicada al buzoneo. Finalmente, esta última mercantil volvió a subcontratar los trabajos a la empresa de Ibarra, Montubo, que fue la que realmente los acometió.
La obra se adjudicó por 3,4 millones, aunque su coste real fue de 1,7 millones
La juez pide a la policía que busque al técnico que redactó el proyecto
De ahí que la declaración de Ibarra tenga una importancia capital para esclarecer cómo se urdió la trama, sobre todo porque el empresario añadió ante la juez que su mercantil debía percibir por los trabajos un total de 2,4 millones de euros. Pero la adjudicación a Aguas de Calpe ascendía a casi 3,4 millones, con lo que el sobrecoste de las actuaciones se elevaría a un millón de euros pagado por obras que en realidad no se hicieron y que se habrían perdido en el tortuoso camino de las subcontratas. No obstante, según la Universitat de València, las actuaciones ni siquiera valdrían a precio real de mercado esos 2,4 millones que se le debían pagar a Ibarra, sino apenas 1,7, con lo que el sobrecoste aún pudo ser mayor.
El propietario de Montubo aseguró en su declaración que aún le adeudaban por los trabajos unos 980.000 euros.El propietario de Montubo también desveló en su declaración ante la magistrada instructora que la sociedad Obras Hidráulicas, la firma de Artacho, "era una empresa interpuesta solo por cobrar sin hacer nada". Ante el grosor de estas afirmaciones, la juez dictó el pasado 21 de enero una providencia que de hecho reactiva un caso que lleva en los juzgados desde 2005 y en la que le exige a Ibarra el contrato firmado entre Obras Hidráulicas y Montubo para poder verificar ese sobrecoste, en su día detectado tanto por la universidad como por la Consejería de Comercio. La juez también solicita un informe pericial sobre los gastos bancarios en la red transversal e insta a la policía a que localice al técnico de Aguas de Valencia que redactó el proyecto para que declare como testigo. Esa última mercantil participa en Aguas de Calpe junto a la Diputación de Valencia y otras empresas, si bien el Ayuntamiento es propietario de un 40% de las acciones.
En el sumario están imputados, además de Juan Roselló, Artacho, Ibarra y Mut, el gerente de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, y el administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara de Santamaría. Se les imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario.
Cuando en marzo de 2004 Obras Hidráulicas suscribió el acuerdo con Aguas de Calpe, que se realizó sin ningún tipo de concurso, la firma del cuñado de Roselló todavía se denominaba Buzoneo IRD, SL -no se cambió el nombre hasta mayo-, su única actividad conocida era el reparto de propaganda, solo disponía de un trabajador -el encausado Lara Santamaría- y su capital social era de poco más de 3.000 euros.
Por otra parte, el concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela, Montserrate Guillén, denunció ayer un presunto trato de favor en varias adjudicaciones de obras municipales a favor de la empresa ROIN'S 2, de Roberto Pertegal, miembro de la ejecutiva del PP y cuñado de la edil de Cultura, Josefina Ferrando. En enero de 2007 y noviembre de 2008 se contrataron obras menores, por valor de 110.000 euros, y otra en de septiembre de 2008 por otros 100.000 euros. Todas las adjudicaciones se hicieron por procedimiento negociado sin publicar, ya que se trataba de obras menores o mantenimiento de edificios. "El procedimiento es legal, pero es irregular, poco ético y amoral que siempre estas obras beneficien a los amigos del PP", dijo el concejal, quien considera que estos nuevos pagos confirman "la forma caciquil que tiene el PP de gobernar su cortijo". La oposición volvió a pedir ayer a la alcaldesa, Mónica Lorente, la creación de una comisión informativa especial sobre estas contrataciones y las realizadas con otra empresa del socio del también edil del PP, José Manuel Cutillas, por 120.00 euros.
La concejal Josefa Ferrando declinó ayer comentar la denuncia de Los Verdes a la espera de "conocer los detalles", aunque sí admitió que Roberto Pertegal es su cuñado y, además, militante del PP.
Mientras, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Xàtiva, Roger Cerdà, pidió ayer la creación de una comisión informativa para esclarecer "posibles responsabilidades políticas" por el presunto trato de favor del gobierno, del PP, a una empresa local, Sarri-Hogar, SL, informa Xavier Aliaga. Según el PSPV, El Ayuntamiento adjudicó en 2008 de forma directa un total de 222 actuaciones por valor de 1,26 millones de euros. La empresa, cuyo propietario mantiene públicos vínculos de amistad con varios de los concejales populares, entre ellos el también diputado autonómico Vicente Parra, ha facturado 5,6 millones de euros desde 1999.