El fiscal pide que se procese a 19 miembros de Segi
Los jóvenes 'abertzales' están acusados de pertenencia a banda terrorista
El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado el procesamiento por delito de pertenencia a banda terrorista de 19 presuntos integrantes de Segi, la estructura juvenil creada en el seno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, del que ETA constituye la dirección y la vanguardia armada.
El fiscal ha instado al juez Fernando Grande-Marlaska a que dicte el procesamiento de los 19 inculpados por considerar que existen en la causa indicios de su pertenencia a Segi, "que complementa la actividad de lucha armada de ETA mediante actos de kale borroka o lucha callejera". ...
El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado el procesamiento por delito de pertenencia a banda terrorista de 19 presuntos integrantes de Segi, la estructura juvenil creada en el seno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, del que ETA constituye la dirección y la vanguardia armada.
El fiscal ha instado al juez Fernando Grande-Marlaska a que dicte el procesamiento de los 19 inculpados por considerar que existen en la causa indicios de su pertenencia a Segi, "que complementa la actividad de lucha armada de ETA mediante actos de kale borroka o lucha callejera". Esos ataques inciden en la seguridad ciudadana y "persiguen producir profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática".
Los imputados formaban grupos de apoyo a ETA en Oiartzun y Errenteria
Además, la fiscalía imputa a los acusados su pertenencia a un "talde Y" -grupo de apoyo a ETA-, responsable de numerosos actos de sabotaje y lucha callejera en Oiartzun y Errenteria (Guipúzcoa).
Entre los imputados figuran Alexander Echeverría, Imanol Sagarzazu, Gaizka Ibeas, Alain Luna, Iker Zabala y Oinatz Arbelaiz, todos ellos presuntos integrantes del talde de Segi en la localidad de Oiartzun. A algunos de ellos les fueron intervenidos en sus domicilios documentos de la organización en el disco duro de su ordenador o bonos de apoyo a presos de ETA, publicidad de Ekin, Batasuna y Etxerat, así como diverso material informático.
También están imputados Xabier Lujambio Galparsoro, Oroitz Gurruchaga, Xabier Goyenechea, Haizea Iriarte, Beñat Burlada, Jon Aitor Alberdi, Josu Arruabarrena, Aitor Franco, Arkaitz Anza, Egoitz Urbe, Maitane Linazasoro, Hodeiertz Urain y Ohiana Múgica, que formaban, según el fiscal, el grupo que operaba en la localidad de Errenteria.
Lujambio ejercía de responsable de Segi y a tal efecto disponía de las llaves de una bajera situada en la calle Erviti, número 4, en la que almacenaban material logístico y propagandístico, así como numerosa documentación sobre organizaciones abertzales, entre ellas Askatasuna, Ekin y Segi, además de una carpeta con el anagrama de ETA que contenía folletos amenazantes contra políticos del PSOE y medios de comunicación.
El grupo utilizaba para reunirse los locales de la sociedad cultural Landare, en la que Haizeta Iriarte trabajaba como camarera. También en este local fue intervenido abundante material informático y documentación de Segi y otras organizaciones como Batasuna, Ekin o Askatasuna.
En los registros se encontró también un vídeo de apología de ETA, un extracto académico de un parlamentario del Partido Popular, así como publicidad de ETA, Jarrai y KAS.
El juez Grande-Marlaska deberá ahora decidir si procesa a los 19 inculpados o recaba nuevas pruebas.
Por otro lado, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó ayer por un error técnico la vista del juicio que tenía previsto celebrar contra Zigor Goikoetxea, por las amenazas de muerte que profirió contra la concejal del PP en Getxo Marisa Arrue. Goikoetxea, hermano del jefe del comando Vizcaya de ETA, Arkaitz Goikoetxea, dijo a la concejal popular en agosto pasado: "En menos de cinco años te vamos a matar".
Pero el juez instructor había abierto un procedimiento abreviado por este asunto, sin tener en cuenta que ese tipo de tramitación no permite una condena superior a los nueve años de cárcel y el delito de amenazas terroristas tiene señalada una pena máxima de 10 años, que era la que solicitaba para él el abogado de Arrue.