"Soy totalmente contrario a pactar con imputados por urbanismo"

El discurso de toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales Lázaro (Almería, 1941), además de fijar las líneas maestras de su actuación -proteger especialmente a las víctimas de delitos violentos, atender la ejecución de las sentencias o favorecer la actividad investigadora de los fiscales-, incluía versos de Vicente Aleixandre o frases en apariencia tan poco jurídicas como "son los sueños los que mueven las ruedas del mundo". Presidente del Ateneo y de la Cruz Roja de Málaga, Morales ha sido magistrado de Trabajo y juez de Menores y dirigió durante dos años la Unión Progr...

El discurso de toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales Lázaro (Almería, 1941), además de fijar las líneas maestras de su actuación -proteger especialmente a las víctimas de delitos violentos, atender la ejecución de las sentencias o favorecer la actividad investigadora de los fiscales-, incluía versos de Vicente Aleixandre o frases en apariencia tan poco jurídicas como "son los sueños los que mueven las ruedas del mundo". Presidente del Ateneo y de la Cruz Roja de Málaga, Morales ha sido magistrado de Trabajo y juez de Menores y dirigió durante dos años la Unión Progresista de Fiscales.

Pregunta. ¿En qué situación coge la Fiscalía y cómo espera dejarla cuando acabe su mandato?

"Seremos implacables contra los delitos violentos y con uso de armas"

"Contra las mafias, estamos persiguiendo a un Ferrari con un 600"

Respuesta. La Fiscalía de Málaga se encuentra en una buena situación: se ha modernizado con la creación de todas las secciones especializadas (Medio Ambiente, Anticorrupción, siniestros laborales, seguridad vial, drogas...), que dan mejor respuesta a nuevas formas de criminalidad. En eso somos punteros en España, pero hay que ser ambiciosos y querer mucho más. Profundizaremos en la especialización para atajar con rigor las conductas delictivas más alarmantes. Queremos una Fiscalía cercana al ciudadano y a las instituciones.

P. En su programa de candidatura a fiscal jefe hizo mucho hincapié en la protección de las víctimas de delitos violentos ¿Por qué cree que se sienten desprotegidas?

R. El Derecho Penal siempre ha tenido como punto de referencia al autor del hecho delictivo, y ha dejado un poco de lado a las víctimas. La atención psicológica o social que se les presta no es suficiente. Hay que poner los recursos económicos necesarios para atenuar en lo posible su condición de perjudicadas.

P. ¿Qué pasos concretos se van a dar?

R. Dentro de la Fiscalía vamos a crear un servicio de atención a las víctimas para que estén atendidas en todo momento en el proceso penal. Cosas tan simples como la citación a un juicio se hacen con unas fórmulas que asustan. Antes de entrar en la sala, la víctima tiene que compartir pasillo con el autor del delito o su familia, lo que supone un maltrato añadido. ¡Qué menos que puedan estar en un sitio aparte para ir al juicio con sosiego y tranquilidad! Y una vez en la sala, si no quieren enfrentarse al autor del delito, deberían estar protegidas y no verlo. Son pequeñas cosas que, sumadas, hacen un gran servicio. Va a haber un fiscal encargado de atender a las víctimas y, en función de las necesidades, pondremos a otros fiscales para atender este servicio.

P. La provincia de Málaga es puntera en dos especialidades delictivas: los delitos contra la ordenación del territorio y la corrupción ¿Se prevén más escándalos de corrupción política a corto y medio plazo?

R. Me sorprendería que hubiera más casos. Las fiscalías especiales actúan y los ayuntamientos e instituciones se van modernizando. Además, los corruptos han visto que el reproche social es enorme.

P. Sí, pero la tentación también es enorme.

R. Es cierto, pero los castigos son cada vez más ejemplares.

P. Esa no es precisamente la sensación que ha quedado tras el pacto de la Fiscalía con los concejales de Marbella imputados en decenas de causas de prevaricación urbanística.

R. Y yo entiendo muy mal también ese pacto. En este caso, el margen que ofrece la ley para imponer penas debería haberse utilizado no para disminuir, sino para todo lo contrario, para aumentar la condena dentro de la legalidad, ya que las circunstancias de estos delitos eran horrorosas. Es comprensible que la gente no entienda ese pacto. Yo no lo entiendo tampoco.

P. Los abogados de los ex ediles están buscando nuevos pactos para otros delitos urbanísticos ¿Está usted dispuesto a pactar de nuevo?

R. No. En el urbanismo hay que actuar con un rigor absoluto porque se causa un daño para siempre. Puede haber casos particulares que tengan matices o circunstancias que permitan una revisión, pero como principio general soy absolutamente contrario a estos pactos, y habrá una aplicación rigurosa de la ley. También seremos implacables con los delitos comunes que llevan aparejados el uso de la violencia o de armas. Buscaremos la mayor sanción posible.

P. Málaga es la segunda provincia con más grupos de crimen organizado conocidos. ¿Cuenta la Fiscalía con las armas legales suficientes para luchar contra las mafias?

R. Además de corromper y sacar lo peor de la sociedad, las mafias son especialistas en la ocultación del delito. Hay que ser rigurosísimos contra ellas, pero hay que cambiar la ley, porque con la actual es muy difícil entrar en estas tramas. Por ejemplo, en la ley actual no hay claridad suficiente para la figura del arrepentido, pero hay mucho más, como las intervenciones telefónicas. Ahora estamos persiguiendo a un Ferrari con un 600. Contra el crimen organizado se necesita un Estado fuerte; si el Estado es débil o se retrae, su espacio lo ocupan inmediatamente las mafias.

P. Usted siempre ha defendido que la instrucción de las causas, actualmente en manos de los jueces, pase a la Fiscalía.

R. Así se hace en los países europeos de nuestro entorno y en la jurisdicción de Menores. Conseguiríamos agilizar la actividad procesal, porque ahora se apuran mucho los plazos. Lo que sí tiene que existir es un juez de garantías para que los fiscales actúen sin vulnerar derechos fundamentales en diligencias como la entrada y registro de una vivienda o las intervenciones telefónicas. La Constitución no otorga a los jueces la función instructora, sino sólo la de juzgar y ejecutar lo juzgado.

P. Hablando de ejecución de sentencias, reducir el atasco de 22.600 sentencias penales es uno de sus objetivos ¿Cómo piensa hacerlo?

R. Con varios fiscales que se dedicarán exclusivamente a ejecutorias sin perjucio del fiscal que esté adscrito a cada juzgado.