Los vecinos ven una "amnistía" en el PGOU de Marbella
La plataforma de vecinos de Marbella 29-M, creada para defender la legalidad y luchar contra la corrupción, dio ayer un duro repaso al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y anunció su intención de impugnarlo una vez que haya sido aprobado definitivamente.
El principal argumento, de una larga lista, pasa porque las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales no son proporcionales al daño que han causado esas construcciones. Pero la lista sigue. "Ningunea 40 sentencias firmes sobre construcciones irregulares, no garantiza el suministro de agua, viola la normativa europea ...
La plataforma de vecinos de Marbella 29-M, creada para defender la legalidad y luchar contra la corrupción, dio ayer un duro repaso al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y anunció su intención de impugnarlo una vez que haya sido aprobado definitivamente.
El principal argumento, de una larga lista, pasa porque las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales no son proporcionales al daño que han causado esas construcciones. Pero la lista sigue. "Ningunea 40 sentencias firmes sobre construcciones irregulares, no garantiza el suministro de agua, viola la normativa europea de blanqueo de capitales", denunció la abogada Inmaculada Gálvez, integrante de la plataforma.
El colectivo ha invitado al europarlamentario David Hammerstein, que ha protagonizado varias iniciativas sobre el urbanismo en la costa española, para que traslade su oficina a Marbella de forma temporal y recoja las denuncias de los afectados por los desmanes urbanísticos.
La visita de Hammerstein forma parte de una serie de actividades programadas en los próximos meses, entre las que están la visita al instituto de criminología -que investiga la corrupción urbanística en la Costa del Sol-, la Fiscalía y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La plataforma 29-M, bautizada con la fecha en la que saltó a la luz el caso Malaya, considera que el PGOU es "una amnistía, una ley de punto final que legaliza actuaciones delictivas que en numerosos casos han acarreado penas de prisión". "No propone un modelo de ciudad para el futuro, ni asegura dotaciones, sino una serie de parches sin base jurídica", añadió Rafael Ávila, de Ecologistas en Acción.