Multados dos guardias civiles con 1.440 euros por una detención ilegal
Multa de 1.440 euros y 8 años de inhabilitación. Ésa es la condena que ha impuesto la Sección Tercera por detención ilegal a dos guardias civiles que retuvieron a una mujer en la Nochevieja de 2004 sin ninguna justificación.
Ocurrió a la entrada de Badia del Vallès, donde otra patrulla de la Guardia Civil participaba en un control habitual y estaba identificando a dos mujeres. La pareja formada por los agentes Juan Manuel Vargas Palacio y Juan José Palacios Abreu acudieron al control y esposaron a una de las mujeres, que estaba siendo cacheada. La sentencia insiste en que la mujer no ha...
Multa de 1.440 euros y 8 años de inhabilitación. Ésa es la condena que ha impuesto la Sección Tercera por detención ilegal a dos guardias civiles que retuvieron a una mujer en la Nochevieja de 2004 sin ninguna justificación.
Ocurrió a la entrada de Badia del Vallès, donde otra patrulla de la Guardia Civil participaba en un control habitual y estaba identificando a dos mujeres. La pareja formada por los agentes Juan Manuel Vargas Palacio y Juan José Palacios Abreu acudieron al control y esposaron a una de las mujeres, que estaba siendo cacheada. La sentencia insiste en que la mujer no había cometido ningún delito, pero los dos agentes, "usando una fuerza desporporcionada e innecesaria", la esposaron y la metieron en un coche patrulla.
La mujer llegó al cuartel de la Guardia Civil de Badia del Vallès sobre las 20.30 horas y quedó en libertad sobre las 23.15 horas, en cuanto entró de servicio el sargento, jefe del puesto en esos momentos.
Además del delito de detención ilegal, la acusación particular entendió que se había cometido otro delito contra la integridad moral de la detenida y un tercero de lesiones, pero el tribunal rechaza esa pretensión.
En la sentencia se recuerda que la detención causó tal "temor y nerviosismo" a la víctima, que incluso llegó a pedir perdón a los agentes que la detenían y a reclamar auxilio a las personas que pasaban por la calle. Fue un "abuso claro de superioridad", dicen los jueces.