Democracias imperfectas

En España la desigualdad social tiende a aumentar, según constataba el Informe Foessa y así lo expresaba un titular de este diario del 29 de octubre. Aproximadamente, se considera que una cuarta parte de la población vive con menos de 600 euros al mes y el 10% puede considerarse en situación de pobreza extrema. Los porcentajes son los mismos de hace 10 años. Es más que previsible que aumente el desempleo y la precarización del trabajo, que se supriman horas extra e incentivos varios y que las Administraciones públicas reduzcan sus inversiones y algunas prestaciones. Si con tasas de crec...

En España la desigualdad social tiende a aumentar, según constataba el Informe Foessa y así lo expresaba un titular de este diario del 29 de octubre. Aproximadamente, se considera que una cuarta parte de la población vive con menos de 600 euros al mes y el 10% puede considerarse en situación de pobreza extrema. Los porcentajes son los mismos de hace 10 años. Es más que previsible que aumente el desempleo y la precarización del trabajo, que se supriman horas extra e incentivos varios y que las Administraciones públicas reduzcan sus inversiones y algunas prestaciones. Si con tasas de crecimiento altas no se han reducido las desigualdades sociales, en periodos de recesión los sectores de bajos e incluso medios ingresos pueden temer lo peor. Lo cual nos dice que esta democracia es imperfecta, o que sólo lo es en el 50%, tomen esta cifra metafóricamente.

La socialdemocracia parece hegemónica en los medios profesionales y en las organizaciones sociales y sindicales

Siempre me ha sorprendido oír a muchos responsables políticos afirmar que ellos representan el interés general puesto que deben su autoridad a la elección popular, como así debe ser en un Estado democrático. Pero este elemento formal, indispensable obviamente, sólo es una parte de la cosa. Las autoridades que toman decisiones que afectan a nuestros derechos y a nuestras libertades, a nuestros ingresos y a nuestra calidad de vida sólo pueden hacerlo legítima y legalmente si lo hacen desde instituciones representativas. Pero no es suficiente. La base de una democracia es el reconocimiento de que la sociedad es un conjunto de ciudadanos/as "libres e iguales", que eligen a sus representantes para que mediante las debidas políticas públicas hagan efectivos los derechos que realmente les hagan más libres e iguales. Si no es así, sus actos pierden legitimidad aunque sean "legales". Pueden y deben ser rechazados. En resumen, no hay democracia sin instituciones representativas, es decir, su dimensión formal, lo cual no siempre fue entendido por la izquierda socializante en el pasado. Pero tampoco la hay sin su dimensión material, las políticas públicas reductoras de exclusiones y desigualdades, lo cual parece no haber entrado aún en la cultura conservadora capitalista, que considera que el mercado a la larga redistribuirá los frutos del crecimiento, y eso no resiste al análisis empírico.

Ahora, ante la crisis financiera de la economía virtual se trasladan los problemas y sus posibles soluciones a la economía real de los Estados y de los ciudadanos. Se reducen los presupuestos públicos y los créditos a consumidores y a inversores. Y en Estados Unidos y en Europa presenciamos el espectáculo obsceno de las ingentes transferencias que los gobiernos hacen a las entidades financieras mientras los responsables de las mismas se mantienen o se retiran con indemnizaciones de decenas e incluso centenares de millones de dólares o de euros salidos de los bolsillos de los contribuyentes. Por lo menos, algunos financieros de la crisis del 29 tuvieron el detalle de tirarse por el balcón. La lógica del capitalismo teórico, el cual justifica el beneficio por el riesgo, sería que paguen los que buscaron beneficios fáciles asumiendo riesgos especulativos. Y la lógica de la democracia "material" sería transformar, no reconstituir, un sistema perverso, el actual capitalismo financiero, que cuando va bien aumenta a la vez las riquezas y las desigualdades y cuando va mal deben pagarlo la economía real y el conjunto de la ciudadanía. En Estados Unidos 10.000 familias pierden cada semana su vivienda por no poder pagar las hipotecas. España, reina europea de la burbuja inmobiliaria, es el país de la Unión Europea que afronta un riesgo mayor. Tanto los anteriores gobiernos como el actual se subieron en la pirámide con una frivolidad pasmosa, no queriendo saber lo que sabían: un ciclo expansivo basado en una sobreproducción de viviendas, aumento continuado de los costes debido a la apropiación privada de la sobrevaloración del suelo y una demanda cuya solvencia creciente se basaba en el crédito debía necesariamente terminar en una crisis que afectaría tanto al sistema financiero como a la economía productiva. El mal viene de lejos, del "neoliberalismo urbano" de Miguel Boyer, del mal uso de la concertación urbanística, de la permisividad cómplice de muchos municipios, del "todo urbanizable" (uno de los mayores disparates de la historia del urbanismo) de los gobiernos de José María Aznar, del miedo a aplicar medidas destinadas a recuperar las plusvalías urbanas por parte de todos los gobiernos, incluido el actual.

Pero lo que más sorprende es que cuando empezaron a sonar las alarmas que anunciaban la proximidad de la crisis, que coincidió con el inicio de los gobiernos socialistas, tampoco se hizo nada para prevenirla. Si no les bastaban algunas declaraciones del Banco de España, de expertos competentes y de organizaciones sociales por lo menos habrían debido atender al comportamiento del mismo sector financiero. Bancos y cajas habían comprado el 50% del suelo urbanizable entre mediados de la década de 1990 y principios del año 2000, pero luego dejaron de hacerlo y procuraron vender mientras la burbuja inmobiliaria seguía con su estela de despilfarro y corrupción. El dinero, "que siempre es cobarde" (como me decía un directivo de banco), les transmitía un mensaje. Aunque, eso sí, continuaron dando hipotecas fáciles, incapaces de reducir el negocio inmediato.

En Cataluña, parece que hay una mayoría de socialdemócratas. Los socialistas gobernantes, por descontado. A su manera, también los "ecosocialistas" y los republicanos. Sectores convergentes se han autocalificado de socialdemócratas en lo "económico". La cultura socialdemocrática parece hegemónica tanto en los medios profesionales e intelectuales como en las organizaciones sociales y sindicales. Incluso núcleos evolucionados del empresariado admiten moderadamente soluciones de este tipo. Pues que hagan algo que se note. Gordon Brown, en el Reino Unido, nacionaliza de facto la banca. Aquí sólo proponemos comprarles los pisos que no pueden vender. Por favor, ya no pedimos como Nanni Moretti que "digan algo de izquierdas". Simplemente, no se pongan al servicio de las aguas que trajeron estos lodos.

Jordi Borja es profesor de la UOC.