El Poder Judicial discutirá si impone dos años de suspensión al juez Tirado

Los vocales del nuevo Consejo del Poder Judicial están divididos sobre la sanción que debe aplicarse al juez de Sevilla Rafael Tirado por haber dejado sin ejecutar una sentencia firme de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que supuestamente acabó asesinando a la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

De momento, la mayoría de los vocales afines al sector progresista son partidarios de revocar la multa de 1.500 euros y considerar los hechos como una "falta muy grave", lo que se traduciría en una propuesta de sanción que, según fuentes del Consejo, podría llegar incluso a los dos años...

Los vocales del nuevo Consejo del Poder Judicial están divididos sobre la sanción que debe aplicarse al juez de Sevilla Rafael Tirado por haber dejado sin ejecutar una sentencia firme de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que supuestamente acabó asesinando a la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

De momento, la mayoría de los vocales afines al sector progresista son partidarios de revocar la multa de 1.500 euros y considerar los hechos como una "falta muy grave", lo que se traduciría en una propuesta de sanción que, según fuentes del Consejo, podría llegar incluso a los dos años de suspensión. Pero, de momento, es una propuesta y no hay unanimidad sobre ella. En el sector conservador se barajan dos opciones: algunos vocales apuestan por elevar la multa de 1.500 euros pero sin llegar a suspender al juez de funciones; el resto apoya que se ratifique la multa que le impuso la comisión disciplinaria.

Algunos vocales conservadores apuntan una tercera opción, que pasaría por tratar de buscar una decisión de consenso entre las diferentes sensibilidades (vocales propuestos por el PP, por el PSOE y nacionalistas) que permita dar una imagen de unidad en el seno del Consejo. Pero esta última opción parece más complicada a la luz de las discrepancias entre ambas sensibilidades del gobierno de los jueces sobre si la sanción debe conllevar la suspensión o no de Tirado.

Fuentes del órgano explicaron ayer que es previsible que el expediente al juez sea elevado al pleno, donde se tomará la decisión final, durante la primera quincena de noviembre. Pero aún quedan por realizar trámites. Conservadores y progresistas se reparten 19 de los 21 votos del pleno del Consejo. La llave de la mayoría en el caso de Tirado la tendrán previsiblemente los dos vocales nacionalistas propuestos por CiU y PNV.

El asunto está ahora en manos de la comisión disciplinaria, formada por cinco vocales, dos afines al PSOE y otros dos al Partido Popular, y donde la vocal Margarita Uría, del PNV, puede desempatar. Según las citadas fuentes, el ponente del caso Mari Luz en esta comisión será el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez.

El juez Tirado presentó ayer sus alegaciones al escrito del fiscal, que le pide tres años de suspensión de funciones por desatención muy grave en el caso del pederasta Santiago del Valle. Sobre Del Valle pesaba una sentencia firme de tres años y medio de cárcel por abusar de su hija. La sentencia estuvo dos años y dos meses sin ejecutar en la estantería del juzgado de Tirado. En ese tiempo, Del Valle asesinó supuestamente a Mari Luz.

En sus alegaciones, el juez dice que no es el culpable de la muerte de la niña y reparte la responsabilidad de la no ejecución de la sentencia entre la secretaria de su juzgado, la Junta de Andalucía (que pese a ser parte en el proceso no pidió su ejecución) y algunos de sus funcionarios.

La comisión disciplinaria está ahora a la espera de que, tras las alegaciones ya presentadas, el juez le envíe su recurso contra la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo. Cuando lo reciba, dará traslado al fiscal para que alegue. Y, hecho esto, la comisión se reunirá para tomar una primera postura sobre el expediente que, en principio, pasa por agravar la sanción a Tirado.

El informe que elabore esta comisión será elevado luego a la Sección de Recursos. Uno de sus letrados, bajo la supervisión del ponente de la resolución, el progresista Félix Azón, redactará una propuesta de resolución que podrá ratificar o modificar el acuerdo de la comisión disciplinaria. En base a ese documento, los 21 miembros del Consejo tomarán la decisión final.