Por encima del bien y del mal
El elegido es Carlos Dívar. Así ha terminado la primera parte de este juego de los disparates llamado Pacto de la Justicia. Queda ahora la segunda, la renovación del Constitucional. Después de unas semanas de rumores y especulaciones, se conoció el pasado lunes que Zapatero había optado por el actual presidente de la Audiencia Nacional para ocupar el doble cargo que unifica en una sola persona la cadena de mando de las dos ramas de la justicia: la administrativa (Consejo General del Poder Judicial) y la jurisdiccional (Tribunal Supremo). No tiene precedente. Nunca antes un presidente del Gobie...
El elegido es Carlos Dívar. Así ha terminado la primera parte de este juego de los disparates llamado Pacto de la Justicia. Queda ahora la segunda, la renovación del Constitucional. Después de unas semanas de rumores y especulaciones, se conoció el pasado lunes que Zapatero había optado por el actual presidente de la Audiencia Nacional para ocupar el doble cargo que unifica en una sola persona la cadena de mando de las dos ramas de la justicia: la administrativa (Consejo General del Poder Judicial) y la jurisdiccional (Tribunal Supremo). No tiene precedente. Nunca antes un presidente del Gobierno se había atribuido el derecho a proponer públicamente el candidato a la máxima autoridad judicial. Se dirá que los anteriores lo hicieron bajo cuerda y que Zapatero ha tenido el valor de dar transparencia a lo que los demás hacían a escondidas. Pero, si es así, lo que sería procedente es que el presidente propusiera una reforma de la Constitución, en vez de atribuirse una competencia que ésta no le otorga.
Los diversos perfiles de Carlos Dívar que la prensa ha publicado coinciden en cuatro atributos que configurarían la identidad del nuevo presidente: católico de misa diaria, conservador, poco amigo de los conflictos y con natural tendencia a pasar desapercibido. Los medios de comunicación habían criticado duramente el carácter superpolitizado del nuevo Consejo General del Poder Judicial alumbrado por los negociadores del PSOE y del PP. El presidente, colocándose por encima del bien y del mal, nombra a un magistrado conservador, muy alejado de sus posiciones ideológicas, como un gesto de confianza en la independencia de los jueces. O sea, el mismo jefe del Ejecutivo que se atribuye el derecho a nombrar el jefe del Poder Judicial quiere ahora dar una lección de respeto a la autonomía de los jueces a los demás actores de este espectáculo.
De poco ha servido la lección. El PP, lejos de responder a la gentileza de Zapatero, ha ido a lo suyo. "¿Tú pones a un presidente conservador? Muchas gracias, nosotros vamos a poner a otro conservador de vicepresidente". Y, por si quedaba alguna duda, Rajoy ha doblado la apuesta: ahora van a por el Constitucional y proponen a Hernando y a López, dos piezas clave en la estrategia de la crispación de la anterior legislatura a las que había que agradecer los servicios prestados. Con lo cual, el PSOE se verá obligado a ejercer el siempre antipático derecho de veto y la segunda parte del Pacto de la Justicia entrará en crisis. Cuanto más se retrase la renovación del Tribunal Constitucional, mejor para el PP, que tiene más posibilidades de ver satisfecho su objetivo: que, antes de irse, los magistrados del Constitucional dejen el Estatuto de Cataluña en los huesos. A estas alturas de la película, Zapatero ya debería saber que la derecha nunca regala nada.
Mientras, José Antonio Alonso ha reunido a los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el PSOE para explicarles la conveniencia de aceptar la decisión del presidente y votar a Dívar. O sea, que cualquier duda sobre la politización de los nombramientos está resuelta. El partido que les nombra les cita para darles instrucciones y, más sorprendente todavía, todos ellos acuden. ¿Dónde está la promesa de que la actitud de independencia sería inequívoca a partir del momento de su nombramiento? Resultado final: unanimidad. Todos plegados a la voluntad del presidente.
Este juego de despropósitos demuestra que los mecanismos de configuración de las altas instancias judiciales no funcionan. El error de Zapatero es creer que con su decisión reconducirá todo el proceso. Nadie, ni siquiera el presidente, puede cambiar los efectos de un procedimiento mal diseñado sin modificar previamente su arquitectura. Nada nuevo: el gesto de Zapatero sirve para ratificar más que nunca la politización de las instituciones judiciales, para que una parte de la judicatura no entienda el ninguneo en que el Gobierno ha tenido al Tribunal Supremo, y para que un conservador esté al frente de los jueces. El golpe de Zapatero es difícil de entender por parte de cualquier ciudadano que tenga un mínimo respeto a la separación de poderes y por el electorado de izquierdas, harto de hacer regalos a la derecha sin que ella nunca regale nada. De momento, algo parece claro: el PP está ganando el Pacto por la Justicia. Basta ver el entusiasmo con que la derecha ha acogido el nombramiento de Dívar. -