La deuda obliga a las facultades a recortar en investigación y cultura
El presupuesto operativo de algunos organismos académicos se reduce un 50%
Tiempos de vacas flacas en la universidad. Los efectos del larguísimo aplazamiento de la deuda que la Generalitat mantiene con los campus, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior sin que hasta el momento ni Gobierno ni Consell hayan anunciado una dotación económica extra y, en un segundo plano, la crisis económica general, tienen ya consecuencias en la vida diaria de las facultades. Algunos organismos académicos están viendo recortados a la mitad su presupuesto operativo.
La mayoría de centros da por hecho que reducirá su actividad cultural. Y la situación en la Universit...
Tiempos de vacas flacas en la universidad. Los efectos del larguísimo aplazamiento de la deuda que la Generalitat mantiene con los campus, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior sin que hasta el momento ni Gobierno ni Consell hayan anunciado una dotación económica extra y, en un segundo plano, la crisis económica general, tienen ya consecuencias en la vida diaria de las facultades. Algunos organismos académicos están viendo recortados a la mitad su presupuesto operativo.
La mayoría de centros da por hecho que reducirá su actividad cultural. Y la situación en la Universitat de València afecta ya a la investigación: la institución ha comunicado a sus profesores que no puede seguir adelantando los fondos para sufragar los proyectos de contratos de I+D con empresas, que suelen pagar una vez han concluido. Los campus no descartan extender esa restricción a los que subvencionan, también sólo cuando ya hay resultados, la UE, el Gobierno y la Generalitat.
Las dificultades de tesorería afectan a las cinco universidades públicas, pero son más graves cuanto mayores son el tamaño y los costes fijos del centro. La línea roja que los equipos de gobierno y de gerencia no se plantean tocar es la relativa a las nóminas y a los gastos ineludibles. Como los energéticos que, a pesar de los planes de ahorro, tenderán a incrementarse el próximo ejercicio por la subida de tarifas.
Lo demás, advierten los equipos económicos, es susceptible de ser recortado. El gerente de Alicante, Rafael Carrillo, señala que en estos casos uno de los primeros capítulos que resultan afectados es el de la "extensión cultural" de la universidad.
Las dificultades son especialmente intensas en la Universitat de València, la mayor de la red, cuyo rector ya advirtió en junio ante el claustro que el presupuesto para 2009 sería "restrictivo": todos los apartados deberán recortarse entre un 4% y un 9%, exceptuando los de personal, que dependen del Gobierno. Su gerente, Joan Oltra, prevé que el presupuesto para 2009 tendrá un crecimiento nominal del 1%. Al ser inferior al aumento de la inflación, lo cierto es que el presupuesto se situará en realidad un 3% o un 4% por debajo del de este año. Ya en este ejercicio, la universidad ha comunicado a facultades, departamentos, y otros organismos (servicio de idiomas, servicio de publicaciones...) que deben reducir sus gastos un 10%. Puesto que muchos de ellos son fijos (salarios, contratos en vigor) el impacto en el presupuesto operativo en alguna ronda el 50%.
Las dos primeras misiones de las facultades son formar alumnos e investigar. El margen de maniobra respecto al primero es estrecho, una circunstancia agravada por la decisión del Consell de fijar el incremento de las tasas académicas para el curso 2008-2009 en la parte baja de la horquilla que establece el Gobierno, lo que supone que el precio de las matrículas ha crecido este año menos que el IPC.
Las restricciones en la Universitat sí han alcanzado a la investigación. La forma habitual de financiarla consiste en que la institución adelanta los fondos a los grupos para que realicen los proyectos, ya que las empresas y las Administraciones suelen pagar "a justificación" de resultados. Debido a los problemas de liquidez, la Universitat ha comunicado a su Personal Docente e Investigador que "resulta insostenible en las circunstancias actuales" mantener ese modelo, si bien el gerente asegura que ese cambio sólo afecta por ahora a los contratos con el sector privado. No es descabellado, añade, que las empresas paguen una parte de los gastos en el momento de firmar el acuerdo, y el resto una vez terminado.
La Miguel Hernández de Elche no ha llegado a dar ese paso, señala su vicerrector de Asuntos Económicos, José María Gómez, pero sí que ha afinado los controles para "seleccionar más" los proyectos en los que adelanta la financiación. Gómez afirma también que no ha detectado una disminución de la contratación con empresas que pueda atribuirse a la crisis económica general.
Ni un riesgo más
"Lo que está claro es que no vamos a asumir ni un riesgo más", señala Joan Oltra, gerente de la Universitat de València. Un criterio que comparten los equipos económicos del resto de universidades, que se reunirán a principios de octubre para fijar una "estrategia común" respecto a las líneas maestras de la financiación, señala el gerente de la Universidad de Alicante, Rafael Carrillo.
¿A qué riesgos se refieren? En mayo, los rectores aceptaron la propuesta de la Generalitat de aplazar hasta 2022 la devolución de la deuda que mantenía con las universidades, que se acercaba a los 914 millones de euros. El origen de la deuda tenía un origen curioso: cada año, el plan de financiación daba a las universidades una cantidad; y cada año, el Consell consignaba una cantidad sensiblemente menor en el capítulo de universidades de los Presupuestos de la Generalitat, y eso les entregaba. El resultado del desfase fue una enorme "bola de nieve" de 900 millones de grosor.
En el acuerdo de mayo los rectores aceptaron el aplazamiento con algunas condiciones. Una de ellas fue la de enterrar esa práctica, y que los fondos acordados fueran los que más tarde reflejaran los presupuestos. "Tenemos confianza en que cumplirán el acuerdo, de la misma forma que hasta ahora lo han cumplido", dice Oltra. De lo contrario, todas las previsiones de contención de gasto se quedarán cortas, porque las universidades no quieren seguir asumiendo riesgos.