Empresarios de Vigo, contra la "imposición" del gallego
El Club Financiero Vigo (CFV)critica la "imposición" del gallego por parte de la Administración autonómica, lo que a su juicio perjudica a los negocios y coarta la libertad de los padres al elegir en qué idioma deben escolarizar a sus hijos. Jaime Borrás, presidente del CFV, recordó en la presentación de un documento que analiza el asunto que tanto el gallego como el castellano "deben protegerse por igual" en Galicia.
Borrás aclaró que el documento presentado ayer se elaboró con "espíritu de colaboración". Por su parte, el director del CFV, Jesús Bahillo, lamentó que "en Galicia es prác...
El Club Financiero Vigo (CFV)critica la "imposición" del gallego por parte de la Administración autonómica, lo que a su juicio perjudica a los negocios y coarta la libertad de los padres al elegir en qué idioma deben escolarizar a sus hijos. Jaime Borrás, presidente del CFV, recordó en la presentación de un documento que analiza el asunto que tanto el gallego como el castellano "deben protegerse por igual" en Galicia.
Borrás aclaró que el documento presentado ayer se elaboró con "espíritu de colaboración". Por su parte, el director del CFV, Jesús Bahillo, lamentó que "en Galicia es prácticamente imposible educar a un niño en castellano" y recordó que, hasta el 2005, "había una convivencia razonable" entre las dos lenguas oficiales de la comunidad, una situación que "cambió radicalmente" con la llegada del bipartito a la Xunta. Las exigencias lingüísticas de la Xunta, según Bahillo, impiden la contratación de profesionales de fuera de Galicia, dificultan la participación en concursos públicos para las empresas que presentan la documentación en castellano y obstaculizan la internacionalización de las empresas.
El CFV propone a la Xunta que permita la libertad de elección del idioma en el ámbito escolar y que se siga el modelo de otros países europeos, en los que los padres escogen la enseñanza en la lengua materna de los niños, mientras que el otro idioma oficial se convierte en materia obligatoria. En el ámbito de la Administración, reclama que los ciudadanos sean atendidos y sus demandas contestadas en el idioma en el que se dirijan a las instituciones, y que la señalización pública y de los edificios oficiales sea bilingüe.