Cinco firmas de videojuegos exigirán a los británicos pagar por las descargas ilegales
La industria de los videojuegos ha emprendido una agresiva campaña para atajar las crecientes descargas ilegales de sus productos en el Reino Unido, con la exigencia de compensaciones económicas inmediatas a miles de familias. El ultimátum de los gigantes del sector se ha traducido en una misiva dirigida a 25.000 británicos, en la que se les conmina a desembolsar 300 libras por cabeza (unos 370 euros) a modo de acuerdo extrajudicial que les permita eludir una demanda ante los tribunales. Quienes se nieguen tendrán que verse las caras con las firmas demandantes.
Esta estrategia tan contu...
La industria de los videojuegos ha emprendido una agresiva campaña para atajar las crecientes descargas ilegales de sus productos en el Reino Unido, con la exigencia de compensaciones económicas inmediatas a miles de familias. El ultimátum de los gigantes del sector se ha traducido en una misiva dirigida a 25.000 británicos, en la que se les conmina a desembolsar 300 libras por cabeza (unos 370 euros) a modo de acuerdo extrajudicial que les permita eludir una demanda ante los tribunales. Quienes se nieguen tendrán que verse las caras con las firmas demandantes.
Esta estrategia tan contundente, emprendida por cinco grandes compañías (Atari, Interactive, Reality Pump, Techland y Codemasters y Topware), apuntará en primer lugar a quinientos interpelados que decidieron hacer caso omiso de la carta de advertencia, según revelaba ayer el diario The Times.
Les anima el éxito de la empresa Topware en su demanda contra una residente en las islas, Isabela Barwinska, actualmente en paro, y condenada a pagar más de 19.000 euros en concepto de daños ocasionados por las descargas ilegales de juegos de computadora que, presumiblemente, perpetraron sus dos hijos.
La firma Davenport Lyons, representante legal de Topware, ha presentado ante la High Court una demanda para requerir a los proveedores de Internet que entreguen los nombres y direcciones de 25.000 sospechosos de esas prácticas irregulares. Tras la aportación de pruebas que sustentan su reclamación, ya ha obtenido los datos de unos 5.000 usuarios.
Se estima que unos seis millones de personas en el Reino Unido comparten videojuegos en la Red sin la preceptiva autorización.
Los críticos de la acción emprendida por las compañías implicadas recuerdan que, en muchos de los casos, son los más jóvenes de la familia quienes incurren en tal práctica sin conocimiento de sus progenitores. Pero aquéllas se muestran inflexibles, ante el fabuloso negocio que está en juego: las ventas de videojuegos en el país alcanzarán este año los 2.500 millones de euros, mientras que los compradores de consolas han protagonizado un hito al sumar 9,1 millones de usuarios.