La CNE cuestiona la tarifa social eléctrica diseñada por Industria
El órgano propone criterios de renta en lugar de potencia
A la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no le gusta la orden ministerial que ha preparado Industria para subir las tarifas eléctricas -5,6% de media- a partir del próximo martes. El informe preceptivo -pero no vinculante- que aprobó ayer el consejo de la Comisión no ahorra críticas a la propuesta. Al órgano regulador que preside Maite Costa ni le gusta la subida, que considera insuficiente -su propuesta de incremento media es del 11,3%-, ni le gusta el diseño de la nueva tarifa social, para clientes con una potencia contratada en la vivienda habitual inferior a tres kilovatios. Según el org...
A la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no le gusta la orden ministerial que ha preparado Industria para subir las tarifas eléctricas -5,6% de media- a partir del próximo martes. El informe preceptivo -pero no vinculante- que aprobó ayer el consejo de la Comisión no ahorra críticas a la propuesta. Al órgano regulador que preside Maite Costa ni le gusta la subida, que considera insuficiente -su propuesta de incremento media es del 11,3%-, ni le gusta el diseño de la nueva tarifa social, para clientes con una potencia contratada en la vivienda habitual inferior a tres kilovatios. Según el organismo, la nueva tarifa, que apoya como concepto, puede presentar "lagunas normativas" por su diseño.
En opinión de la CNE, la nueva tarifa social, que según Industria beneficiará a 4,5 millones de clientes que no pagarán por término de potencia, debería tener en cuenta la renta del usuario en lugar de la potencia contratada. En concreto, propone utilizar como referencia para "la social" el llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que elabora el Ministerio de Trabajo. El Indicador está fijado en 516,90 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional (600 euros mensuales). Además, la CNE cuestiona la obligación de que el usuario acogido a la tarifa social tenga que disponer obligatoriamente del Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Las críticas no se quedan ahí. La CNE advierte de que la nueva tarifa social puede interferir en el proceso de desaparición de tarifas previsto para el próximo año. Tampoco ve claro el organismo cómo se ha decidido gravar de forma progresiva el consumo. Industria ha explicado que los primeros 25 Gigavatios-hora de consumo al bimestre serán gratis para todos los usuarios. A cambio, el consumo a partir de 1.000 Gigavatios será bastante más caro.
Pues bien, en opinión de la CNE, el Ministerio de Industria no ha definido correctamente los umbrales de consumo y señala que deben elaborarse antes perfiles de consumo de los clientes. Porque de lo contrario, advierte, pueden darse efectos indeseados sobre el consumo. El órgano regulador tampoco olvida la situación en la que quedan a partir del 1 de julio los clientes acogidos a tarifas de alta tensión (grandes empresas), tarifa nocturna (1,1 millones de hogares) y regantes. Para todos ellos, la CNE recomienda a Industria que establezca un periodo transitorio.
En cuestión de grandes números -y los del sector eléctrico son realmente grandes-, la CNE recuerda a Industria que si finalmente aplica la subida de tarifas prevista, el déficit tarifario se disparará. En concreto, especifica que superará los 4.800 millones de euros reconocidos de forma previa (ex ante) para el presente ejercicio. El resultado será mareante: el conjunto del déficit, a pagar por todos los usuarios durante los próximos 15 años, superará los 14.000 millones de euros.
Y todo ello, dice la CNE, porque el Ministerio de Industria ha decidido tener en cuenta un escenario de precios (61 euros/kilovatio-hora) que es irreal. El que maneja el organismo es cinco euros más caro (66,14 euros/kilovatio-hora).