Fianza para el imputado por el accidente de Torremolinos
El conductor debe pagar 18.000 euros para salir de prisión
La Audiencia Provincial de Mála ha fijado una fianza de 18.000 euros para el conductor del vehículo que ocasionó el accidente en el que murieron nueve turistas finlandeses que viajaban en un autobús ocurrido el pasado 19 de abril en la A-7 en Torremolinos.
Aunque la Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimao el recurso presentado por la defensa de Jesús Gil Rubio, ha accedido a modificar su situación penal. La juez de Torremolinos que instruye el caso había decretado prisión incondicional para el conductor imputado de 52 delitos, nueve por imprudencia con resultado de muerte...
La Audiencia Provincial de Mála ha fijado una fianza de 18.000 euros para el conductor del vehículo que ocasionó el accidente en el que murieron nueve turistas finlandeses que viajaban en un autobús ocurrido el pasado 19 de abril en la A-7 en Torremolinos.
Aunque la Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimao el recurso presentado por la defensa de Jesús Gil Rubio, ha accedido a modificar su situación penal. La juez de Torremolinos que instruye el caso había decretado prisión incondicional para el conductor imputado de 52 delitos, nueve por imprudencia con resultado de muerte y otros 41 con lesiones, y de conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. Según los informes del a Guardia Civil, el todoterreno circulaba a 155,3 kilómetros por hora por una carretera que estaba mojada por la lluvia cuando se produjo el accidente.
El todo terreno chocó con la mediana y al salir rebotado topó con la parte trasera del autocar, provocando que el chóefer de este perdiera el control y volcara. El conductor superaba en el doble la tasa de alcohol en sangre permitida.
En la vista por el recurso celebrada el pasado día 10 en la Audiencia Provincial, el fiscal de Seguridad Vial de Málaga, Javier de Torres, pidió que se mantuviera la medida de prisión incondicional por la persistencia de riesgo de fuga y por el alcance de las penas que pueden recaer sobre el imputado cuando sea juzgado, un mínimo de tres años y medio de prisión.
El abogado defensor, Pedro Apalatgeui, afirmó en la vista del recurso que es el primer caso que conoce en su trayectoria profesional en el que se determina una medida de prisión provisional para un delito imprudente.
La defensa alega que las nueve muertes con las que se saldó el accidente se produjeron por las vallas de protección metálica de la carretera que "segaron la vida de las personas" y que el resultado del siniestro no fue "ni querido ni previsible" para su cliente.
Esta tesis fue rechazada por el fiscal, para quien atribuir la responsabilidad a la bionda es como "echarle la culpa a los ároboles, a los terraplenes, a los cristales cuando se rompen o al volante cuando se clava por el impacto".
El abogado defensor discrepa además de la acusación sobre el riesgo de fuga y de reincidencia del imputado, algo que considera "una fantasía sin ningún apoyo probatorio". El abogado considera que su cliente tiene arraigo y es además transportista profesional.