La fiscalía renuncia a revisar la pena del hombre preso desde hace 13 años
La defensa de Rafael Ricardi pide a la Audiencia que libere al condenado
La Fiscalía de Cádiz ha decidido no elevar a la Fiscalía General del Estado la petición de revisión de condena de Rafael Ricardi, el hombre encarcelado hace 13 años por haber cometido una violación que la policía atribuye ahora a otros dos hombres.
El Ministerio Público entiende que no se han hallado pruebas suficientes que conlleven a pensar que se cometieron fallos durante la instrucción del caso y durante el juicio que le condenó.
En cambio, la abogada del preso, Antonia Alba, acudirá hoy a la Audiencia Provincial para solicitar este trámite. La letrada y la familia del reo es...
La Fiscalía de Cádiz ha decidido no elevar a la Fiscalía General del Estado la petición de revisión de condena de Rafael Ricardi, el hombre encarcelado hace 13 años por haber cometido una violación que la policía atribuye ahora a otros dos hombres.
El Ministerio Público entiende que no se han hallado pruebas suficientes que conlleven a pensar que se cometieron fallos durante la instrucción del caso y durante el juicio que le condenó.
El comisario de Cádiz aseguró que hay un inocente en la cárcel
En cambio, la abogada del preso, Antonia Alba, acudirá hoy a la Audiencia Provincial para solicitar este trámite. La letrada y la familia del reo están convencidas de que Ricardi, ahora en la prisión de Puerto III, está pagando por un crimen que no cometió.
El proceso de revisión de condena ha de ser analizado en el Tribunal Supremo, que antes debe admitir a trámite o no las solicitudes que pueden presentar los propios afectados o la Fiscalía. En este caso, el Ministerio Público en Cádiz, a la luz de las pruebas reunidas, ha decidido no elevar el informe necesario para que la Fiscalía General del Estado inicie este trámite ante el Supremo.
La fiscalía gaditana ni ha presentado ni ha elaborado si quiera esa propuesta, al entender que no hay motivos para pensar que la sentencia de la Audiencia Provincial que mantiene en prisión a Ricardi desde hace 13 años fue errónea o para considerar que el juicio no se realizó con todas las garantías.
La prueba fundamental de aquella sentencia condenatoria fue el testimonio de la víctima, quien reconoció al reo por la voz y por un defecto visual. También entonces se contó con pruebas de ADN, aunque en el año 2000 la policía alertó de un posible error tras aparecer un informe del Instituto de Toxicología que determinaba que el semen encontrado en la víctima no era de Ricardi. Entonces, al igual que ahora, la Fiscalía y la Audiencia Provincial rechazaron revisar esa condena.
El caso volvió a la actualidad cuando el cuerpo nacional de policía, con el comisario provincial, José María Deira, al frente, dieron a conocer la detención de dos hombres, uno de ellos con características físicas parecidas a las del preso, a los que cree responsables de varias violaciones en la bahía gaditana, entre ellas, por la que fue arrestado y después encarcelado Ricardi. El comisario ha llegado a asegurar que cree que hay un inocente en la cárcel.
Se trata de un claro error judicial, según la abogada del reo, Antonia Alba, quien hoy precisamente acudirá a la Audiencia Provincial de Cádiz para presentar la solicitud de revisión de condena. Este órgano judicial debe decidir si eleva esta petición al Tribunal Supremo, que será el que finalmente decida.
La familia de Rafael Ricardi, sobre todo, su hermana Milagros, ha reclamado agilidad a la justicia para sacarle pronto de la cárcel. También ha anunciado que reclamará una indemnización por los daños causados.
El juzgado de El Puerto que instruye el caso de los dos nuevos detenidos ha ordenado trasladar al preso desde la cárcel de Topas, en Salamanca, hasta el tercer penal portuense. La instrucción del caso sigue adelante, pendiente de varias pruebas, pero, hasta ahora, los avances en la investigación no han modificado la posición del Ministerio Público.
La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía reclamó la pasada semana en una comparecencia pública que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial investigasen la actuación de la fiscalía gaditana y de la Audiencia Provincial por los posibles errores judiciales que se hayan podido cometer.