Cartagena, con un pie en la cárcel al no ser indultado
Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, del PP, en la época de Eduardo Zaplana, está a un paso de entrar en la cárcel para cumplir la condena de cuatro años por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Hoy expira el ultimátum del tribunal para que el Gobierno le liberara de la condena mediante la concesión del indulto. El Ejecutivo, cuatro años después de que el ex alto cargo del PP tramitara la petición, mantiene silencio sobre la medida de gracia.
Ante la demora en la concesión del indulto, la sala, a instancia del fis...
Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, del PP, en la época de Eduardo Zaplana, está a un paso de entrar en la cárcel para cumplir la condena de cuatro años por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Hoy expira el ultimátum del tribunal para que el Gobierno le liberara de la condena mediante la concesión del indulto. El Ejecutivo, cuatro años después de que el ex alto cargo del PP tramitara la petición, mantiene silencio sobre la medida de gracia.
Ante la demora en la concesión del indulto, la sala, a instancia del fiscal encargado de la ejecutoria, dictó el 20 de noviembre una providencia con un plazo de seis meses para que el Gobierno resolviera la demanda de indulto. El tribunal, a la espera de que se materialice el plazo fijado, ha evitado pronunciarse sobre si ejecutará o no la sentencia. Mientras, la Fiscalía mantiene su intención de "impulsar" el ingreso en prisión del condenado y no concederle nuevos plazos.
Cartagena fue condenado el 14 de marzo de 2002 por la sección 7ª de la Audiencia de Alicante a cuatro años por falsedad y malversación. Junto al ex consejero fue condenado a dos años el industrial Ángel Fenoll por falsificación. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo el 16 de marzo de 2004.
Cartagena encara su probable ingreso en la cárcel con otra causa pendiente por delito fiscal. La juez ya ha decretado el auto de apertura de juicio oral. El fiscal anticorrupción de Alicante pide tres años de cárcel y una multa de 1,8 millones de euros equivalentes al séxtuplo de la cantidad supuestamente defraudada.