La entelequia del "coste cero"

Al margen del debate vecinal sobre los perjuicios y beneficios del Gran Premio, el debate político se centra en los costes para el erario público de la construcción del circuito urbano. La previsión inicial de la Administración valenciana de una inversión de 12 millones, amortizada supuestamente por la gestión de los terrenos urbanizables del Grau, propiedad de una empresa participada por Bancaja, quedan lejos. Ahora mismo, el coste de las adjudicaciones, todavía por cerrar, supera los 82 millones de euros, que deben ser sufragados por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), dependiente de l...

Al margen del debate vecinal sobre los perjuicios y beneficios del Gran Premio, el debate político se centra en los costes para el erario público de la construcción del circuito urbano. La previsión inicial de la Administración valenciana de una inversión de 12 millones, amortizada supuestamente por la gestión de los terrenos urbanizables del Grau, propiedad de una empresa participada por Bancaja, quedan lejos. Ahora mismo, el coste de las adjudicaciones, todavía por cerrar, supera los 82 millones de euros, que deben ser sufragados por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), dependiente de la Generalitat, la Autoridad Portuaria e Iberdrola. Al margen, diversos equipamientos e instalaciones directamente relacionados con el terremoto urbanístico provocado por el Gran Premio (túneles para superar la línea férrea Valencia-Castelló, traslado de puentes, soterramiento de líneas de alta tensión, etcétera), las lonas embellecedoras propuestas por el Ayuntamiento y un buen número de infraestructuras y equipamientos adicionales cuyo coste todavía es una incógnita. Gasto público para un evento privado: el único acuerdo oficial para la celebración del Gran Premio es el firmado entre la empresa Valmor Sport, participada por Bancaja, el empresario Fernando Roig y el ex motorista Jorge Martínez Aspar, y el mandatario de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone. Valmor Sport asume el canon de 26 millones que cuesta acoger la prueba. El resto lo asume la Administración antes de saber con certeza qué recursos puede generar para las arcas públicas la pendiente urbanización de la zona que ocupa el circuito. Una incógnita reforzada por el contexto de recesión en el sector de la construcción.