El fiscal apela al Supremo la sentencia de la Caja de Alcoi
José Antonio Romero, fiscal del caso de la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoi, anunció ayer que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo a la reciente sentencia dictada por la sección 3ª de la Audiencia de Alicante. En concreto, el representante del ministerio público recurrirá la absolución de uno de los procesados, ex director de la sucursal de la entidad en Alcoi, Jesús Lidiano Llopis Jordá.
La Audiencia absolvió al ex director de la sucursal e hijo del ex director general de la Caja, Jesús Llopis Ferrer, pese a considerar que fue cómplice de los hechos...
José Antonio Romero, fiscal del caso de la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoi, anunció ayer que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo a la reciente sentencia dictada por la sección 3ª de la Audiencia de Alicante. En concreto, el representante del ministerio público recurrirá la absolución de uno de los procesados, ex director de la sucursal de la entidad en Alcoi, Jesús Lidiano Llopis Jordá.
La Audiencia absolvió al ex director de la sucursal e hijo del ex director general de la Caja, Jesús Llopis Ferrer, pese a considerar que fue cómplice de los hechos, porque el delito ha prescrito. La sala aplicó a Llopis Jordá el Código Penal de 1973, por ser el vigente en el momento en el que sucedieron los hechos y por ser el más favorable al acusado.
Sin embargo, José Antonio Romero señaló que discrepa de la resolución porque, en su opinión, el procesado "fue cooperador necesario para la quiebra y no cómplice y, por tanto, no se le puede aplicar el antiguo Código Penal de 1973, sino el actual".
No obstante, Romero, aseguró que la Fiscalía no quiere retrasar el cobro de indemnizaciones por parte de los afectados y añadió que presenta este recurso porque el resto de las partes también lo han hecho. La quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoi afectó a más de 1.500 personas por un montante de 3,7 millones de euros. El tribunal sólo condenó a dos de los diez procesados -el ex director de la entidad Jesús Llopis Ferrer y la ex subdirectora Mercedes Llopis Candela- a penas que suman más de seis años de prisión por un delito de insolvencia punible. Además, estableció una indemnización que oscila entre los 2,6 y los 2,8 millones de euros.