La Fundación Balenciaga recurre a un bufete privado en plena crisis
Un letrado socio de Jiménez de Parga será nombrado hoy secretario general
El patronato de la Fundación Balenciaga se reúne hoy en Vitoria en plena crisis para, entre otras cuestiones, nombrar a su nuevo secretario general, en sustitución del dimitido Manuel Cabrera. El cargo será ocupado por el abogado Luis Felipe Fernández de Trocóniz, cuyo despacho en Vitoria es uno de los cuatro que tiene en España la firma Jiménez de Parga Abogados, junto con los de Madrid, Barcelona y Valencia.
Fernández de Trocóniz se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto y se diplomó a la vez en la especialidad jurídico-económica. Su bufete se integró en 1994 en el de Jiménez...
El patronato de la Fundación Balenciaga se reúne hoy en Vitoria en plena crisis para, entre otras cuestiones, nombrar a su nuevo secretario general, en sustitución del dimitido Manuel Cabrera. El cargo será ocupado por el abogado Luis Felipe Fernández de Trocóniz, cuyo despacho en Vitoria es uno de los cuatro que tiene en España la firma Jiménez de Parga Abogados, junto con los de Madrid, Barcelona y Valencia.
Fernández de Trocóniz se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto y se diplomó a la vez en la especialidad jurídico-económica. Su bufete se integró en 1994 en el de Jiménez de Parga, del que es socio y miembro del comité de dirección.
Guipúzcoa pone dos condiciones para integrarse en la entidad
La Fundación Balenciaga ha encontrado en él a un especialista en cuestiones mercantiles relacionadas con la contratación, el derecho societario y concursal, así como en materias civiles sobre obligaciones, contratos y derechos reales.
Fernández de Trocóniz fue directivo de la Asociación Española de Abogados de Empresa y es árbitro de la Cámara de Comercio e Industria y del Colegio de Abogados de Álava; secretario del consejo de numerosas sociedades mercantiles y miembro, entre otras entidades, de la Junta Directiva del Foro Rural Mundial-World Rural Forum.
La fundación, en cuadro tras la dimisión de varios de sus responsables y patronos, celebra hoy su segunda reunión en una semana como parte de un proceso intensivo para poner orden en su seno y echar a andar de nuevo.
Ni el Gobierno vasco ni la Diputación de Guipúzcoa tenían conocimiento de la reunión, según señaló el martes a este periódico el Departamento de Cultura. Ambas instituciones asistieron como invitadas a la reunión de la fundación celebrada el pasado enero en Madrid en la que se leyó el informe de Miren Arzalluz, conservadora de la institución, sobre las desapariciones de fondos del modisto pertenecientes al Gobierno. Esta vez en cambio no han sido convocadas. La pretensión es que se integren en la fundación cuando las supuestas irregularidades registradas en ella y en la sociedad Berroeta Aldamar, de la que sí forman parte, se despejen de forma definitiva.
El Ejecutivo vasco no se pronuncia sobre lo que hará en el futuro con respecto a la fundación, aunque fuentes del mismo citadas por Efe señalan que "con la actual estructura lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Cultura es aclarar las cosas" en su seno.
La diputada guipuzcoana de Cultura, María Jesús Aranburu, recalcó ayer que la institución foral no ha dado "un no" a esa integración, aunque insistió en que sí ha puesto "condiciones".
"La fundación está pasando una crisis y tiene que renacer. Cuando tenga las cosas claras podríamos incorporarnos con dos condiciones", subrayó: la primera, como ya dijo el pasado 21 de febrero en las Juntas Generales, es que tanto la institución foral como el Gobierno tengan una representación acorde con la aportación económica que hagan; la segunda, que la fundación presente un proyecto "viable". "Y a la espera estamos", añadió.
Aranburu comentó que la Diputación mantiene "relaciones personales" con el Ministerio de Cultura, pero puntualizó que nadie le ha consultado oficialmente sobre la redacción de unos nuevos estatutos para afrontar la transformación de la fundación.
En cualquier caso, hizo hincapié en que la institución foral "luchará" para que, ante una hipotética liquidación de la entidad, los fondos del modisto no salgan de Guipúzcoa, una posibilidad que se deja abierta con los nuevos estatutos.