Guarderías
En época de ofertas electorales, una de las últimas propuestas en materia social ha sido la formulada por el presidente del Gobierno en materia de guarderías en los centros de trabajo, dando un paso más en el establecimiento de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Con todo, no se trata de un tema especialmente novedoso, ya que este tipo de medidas ya han sido propuestas en otras citas electorales y por otras fuerzas políticas. Es más, la normativa actual contempla una serie de beneficios, fiscales en su mayor parte, para las empresas que habiliten espacios y local...
En época de ofertas electorales, una de las últimas propuestas en materia social ha sido la formulada por el presidente del Gobierno en materia de guarderías en los centros de trabajo, dando un paso más en el establecimiento de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Con todo, no se trata de un tema especialmente novedoso, ya que este tipo de medidas ya han sido propuestas en otras citas electorales y por otras fuerzas políticas. Es más, la normativa actual contempla una serie de beneficios, fiscales en su mayor parte, para las empresas que habiliten espacios y locales, debidamente homologados por la Administración pública, destinados a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil (guarderías de cero a tres años) a los hijos de sus trabajadores, o que procedan a la contratación, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debidamente autorizados. La novedad, por tanto, más que en el tipo de medida ofertada, radica en aspectos concretos de la misma.
El actual compromiso electoral no pretende el establecimiento de una obligación incondicional para todo tipo de empresas. La finalidad, según fuentes de UGT "es que en aquellas empresas donde haya seis trabajadores o más que lo soliciten haya un educador que se haga cargo de la educación infantil, por supuesto, con el apoyo y la financiación del Gobierno, para los niños de cero a tres años".
Este tipo de medidas puede contribuir a la consecución real de la conciliación de la vida familiar y laboral, toda vez que en la actualidad a la mayoría de trabajadores y trabajadoras no les queda otra opción que, o renunciar a todo, o a parte de su salario, acogiéndose a medidas como la excedencia por cuidado de hijos o la reducción de su jornada por razones de guarda legal para atender al cuidado directo de un menor, o, en el mejor de los casos, traspasar el cuidado de estos menores a familiares directos, generalmente a los abuelos.
La idea, por tanto, es que sea la negociación colectiva, no necesariamente sectorial, el cauce idóneo para impulsar este tipo de medidas, sin que su implantación deba suponer un coste excesivo para las empresas.