El PP subvencionó la construcción de chabolas en una zona verde de Ourense

Entre 1997 y 1998 el Ayuntamiento de Ourense, entonces gobernado por el PP, subvencionó el asentamiento ilegal de una comunidad gitana integrada por más de cien personas en una zona verde de la ciudad. Les pagó el material: los azulejos para los cuartos de baño, el hormigón, la escayola, las maderas, los puntales y la hormigonera. También se hizo cargo de la formación de estas familias en las técnicas de autoconstrucción de los galpones ilegales que acabaron construyendo, en el lugar denominado Cuña de Arriba, en Rairo, a través de un programa municipal "de inserción sociolaboral de grupos des...

Entre 1997 y 1998 el Ayuntamiento de Ourense, entonces gobernado por el PP, subvencionó el asentamiento ilegal de una comunidad gitana integrada por más de cien personas en una zona verde de la ciudad. Les pagó el material: los azulejos para los cuartos de baño, el hormigón, la escayola, las maderas, los puntales y la hormigonera. También se hizo cargo de la formación de estas familias en las técnicas de autoconstrucción de los galpones ilegales que acabaron construyendo, en el lugar denominado Cuña de Arriba, en Rairo, a través de un programa municipal "de inserción sociolaboral de grupos desfavorecidos".

El ayuntamiento impartió cursillos de construcción de galpones ilegales

La justicia paraliza la urbanización en el antiguo asentamiento

El coste de estos cursos formativos, sólo para seis de estas "viviendas", fue de más de 15 millones de pesetas, de los cuales la consellería de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta, también gobernada entonces por el PP, aportó 12 millones. Finalmente, el ayuntamiento concedió 120 licencias urbanísticas ilegales por las que cobró a los chabolistas un precio simbólico de 500 pesetas por cada 30 entregadas. Ahora cuentan con un expediente de disciplina urbanística aprobado por el nuevo gobierno municipal (PSOE-BNG), que hace dos meses frenó los nuevos asentamientos a la espera de proceder a la expropiación. Será "una vez que se les pueda ofertar viviendas de protección a los que acrediten falta de ingresos y reponer así la legalidad", destacan fuentes municipales.

El 24 de octubre de 1997, el ayuntamiento y la Consellería de Familia firmaron un convenio para la "implantación y financiación" del proyecto de inserción sociolaboral de este colectivo. El importe era de 18,5 millones de pesetas de los que más de nueve corrían a cargo del Ministerio de Trabajo, en aquellos tiempos también del PP. Dos días antes de la Nochebuena de ese año, el entonces alcalde, Manuel Cabezas, firmó un convenio con la empresa Creto, SA, en cumplimiento del convenio suscrito con la Xunta que presidía Manuel Fraga y por el que ambas partes se comprometían a "aunar esfuerzos para propiciar la reinserción laboral de personas receptoras del Risga (Renta de Integración Social de Galicia) de Ourense". Se trataba de acometer, a través del programa Itínere, la "formación e inserción laboral" de los beneficiarios de ayudas "de subsistencia", para "mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y con ello minimizar los impactos sociales negativos".

El convenio dejaba claro que la construcción de las viviendas en zona verde se desarrollaría "de forma coparticipada", de tal manera que el ayuntamiento sufragaba "aquellos materiales necesarios para la construcción: herramientas, chatarra, viguetas, cemento, etcétera", mientras que la empresa ponía "los útiles y herramientas necesarios para el desarrollo del curso", para el que aportaba también los monitores y percibía tres millones de pesetas. La mano de obra, en virtud del convenio, corría a cargo de "los beneficiarios".

La filosofía municipal quedó plasmada en diversos documentos. En alguno de ellos se pone de relieve que los servicios sociales municipales habían detectado, "desde hace ya varios años", la presencia de un colectivo de procedencia portuguesa "cuyas necesidades básicas y perentorias se encuentran sin cubrir". Y se contabilizaban 23 familias integradas por 102 personas, de las que la mitad eran menores.

En el documento consta que ocho de las 23 familias habían adquirido terreno en propiedad en A Cuña de Arriba, pero carecían todas ellas del correspondiente permiso "de construcción de galpón y materiales", mientras que las 15 restantes carecían de terreno.

Un año después, ambas instituciones firmaron el convenio por el que subvencionaban la autoconstrucción de algunas de estas viviendas. El objetivo era "fomentar la calidad de las familias elaborando programas que les faciliten el acceso a los bienes de primera necesidad y a los sistemas ordinarios de atención primaria". Y se apostillaba: "Todo eso, con el fin de evitar la exclusión social".

Los denominados "excluidos sociales" a los que el ayuntamiento subvencionó el asentamiento en zona verde, ocupaban en aquel momento una parcela en una zona más céntrica y visible de la ciudad, en la Avenida de Zamora. El convenio toleró evacuarlos de allí y dejar libre una finca en la que comenzó el proceso de urbanización, con el visto bueno del gobierno local del PP, para un polígono residencial de tres bloques de siete plantas y dos torres de nueve. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo paralizó porque superaba las alturas y se asentaba en suelo urbano no consolidado.

El planeamiento urbanístico determina que el asentamiento se encuentra en terreno expropiable por el ayuntamiento, con lo que el actual gobierno local ha tomado la decisión de expropiar. "Se pagará exactamente el valor que determine la legislación, aunque las viviendas sean ilegales", señalan fuentes municipales. A la ilegalidad de la zona "con viviendas que carecen de licencia y que es imposible conceder" se añaden los problemas de saneamiento y abastecimiento. "Agua y luz han sido llevadas hasta esos terrenos de forma igualmente fraudulenta", advierten, aunque ayuntamiento y Xunta subvencionaron por ambos conceptos a algunas de las familias por importes superiores a 800.000 pesetas.