El juez manda buscar a uno de los censados en Argelita
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules ha solicitado a la policía que localice el domicilio de uno de los ciudadanos que solicitaron su empadronamiento en la localidad castellonense de Argelita antes de las pasadas elecciones municipales. El interrogatorio se realizará el próximo 29 de febrero, en caso de que se localice a esta persona, de nacionalidad rumana, como parte de la instrucción abierta para investigar un posible delito electoral tras la denuncia por la supuesta manipulación de censos. De esta manera el juez ha admitido la solicitud presentada por...
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules ha solicitado a la policía que localice el domicilio de uno de los ciudadanos que solicitaron su empadronamiento en la localidad castellonense de Argelita antes de las pasadas elecciones municipales. El interrogatorio se realizará el próximo 29 de febrero, en caso de que se localice a esta persona, de nacionalidad rumana, como parte de la instrucción abierta para investigar un posible delito electoral tras la denuncia por la supuesta manipulación de censos. De esta manera el juez ha admitido la solicitud presentada por la fiscalía, que no sólo instaba a que se tomara declaración a éste, en calidad de imputado, sino que se solicite documentación al Ayuntamiento, así como un informe del secretario municipal que acredite si los imputados (dos concejales de la anterior corporación y varios dirigentes del PP) ejercen alguna función pública.
El juez ya decidió estimar parcialmente un recurso presentado por el PP para llamar a declarar, en calidad de imputados, a las 31 personas que tramitaron el empadronamiento. Todos ellos habían sido citados como testigos del presunto fraude electoral del que se acusó a dos concejales y otros dirigentes del PP local, así como al resto de propietarios de los inmuebles que, en las solicitudes, figuran como domicilios de quienes solicitaron los empadronamientos. La denuncia fue presentada por el entonces alcalde, el socialista José Ibáñez, tras detectar un intento de empadronamiento masivo. Poco después, una de las concejales del PP, Avelina Chiva, admitió que la operación no había sido iniciativa de la dirección local, sino que habían recibido instrucciones "de los que mandan".