El Consell camufla sus asesores y los transforma en funcionarios

Las estrictas exigencias de mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública han sido relajadas a través de distintas fórmulas desde que el PP controla la Generalitat. Durante 12 años largos, los sucesivos gobiernos autonómicos han incorporado personas afines a distintos puestos administrativos considerados de confianza sorteando normas básicas. Una modificación legal consagrada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2007 introdujo una vía administrativa que permite camuflar el número de servidores públicos contratados en funciones de asesoría. Los asesores de los dis...

Las estrictas exigencias de mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública han sido relajadas a través de distintas fórmulas desde que el PP controla la Generalitat. Durante 12 años largos, los sucesivos gobiernos autonómicos han incorporado personas afines a distintos puestos administrativos considerados de confianza sorteando normas básicas. Una modificación legal consagrada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2007 introdujo una vía administrativa que permite camuflar el número de servidores públicos contratados en funciones de asesoría. Los asesores de los distintos departamentos del Consell siempre han sido contratados como personal eventual, pero la fórmula de "provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial" permite camuflar se número real y transformarlos en funcionarios de la Generalitat.

El Consell emplea a 386 funcionarios a través de la "libre designación"

El Consell contaba con 112 asesores, calificados como personal eventual, de acuerdo con los datos de personal de los presupuestos para este año. En las cuentas de 2008 y por primera vez en la historia, ese número de asesores se reduce. Y baja a pesar de que el gobierno autonómico cuenta ahora con 14 consejerías frente a la docena del gabinete anterior. Aparentemente, impera cierta austeridad en lo relativo al nombramiento de personal eventual en el Consell que preside Francisco Camps. Pero la realidad es muy otra.

El personal funcionario incorporado al servicio del Consell a través de la libre designación asciende a 386 personas de acuerdo con datos ofrecidos por Fernando de Rosa, consejero de Justicia y Administraciones Públicas en una respuesta parlamentaria por escrito remitida a la diputada socialista Josefa Andrés. Y el número crece.

El pasado 24 de septiembre, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previamente autorizada por la dirección general de Administración Pública, publicó un anuncio de "provisión mediante nombramiento de funcionario interino de dos puestos de trabajo", uno de "coordinador asesor" y otro de "jefe de secretaría" del secretario Autonómico. En ambos casos se invoca "urgente necesidad", "carácter excepcional", "la idoneidad adecuada en razón de la especialidad de sus funciones" y otros extremos que se habían regulado en una orden de 2006 que establecía el "procedimiento abreviado de provisión de puestos vacantes".

Los requisitos para optar a la convocatoria eran "tener nacionalidad española; tener cumplidos 18 años; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño; no hallarse inhabilitado penalmente; no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier empleo público". En el primer caso se requería una titulación propia de las categorías B o C de la Administración, es decir, una diplomatura o carrera técnica o un título de bachiller superior. En el segundo, de las categorías C o D, bachiller superior o graduado escolar.

El anuncio especifica que "los puestos son de libre designación, por lo que no se rige por baremo de méritos a efectos de provisión". Y añade que "la selección de los candidatos se realizará mediante entrevista", una entrevista en la que los aspirantes deben exponer en un cuarto de hora una memoria sobre su puesto de trabajo.

La convocatoria es exclusiva para personal funcionario, pero de cualquier Administración. Es decir, un funcionario adscrito al grupo D de cualquier ayuntamiento de la Comunidad Valenciana podría haber optado al puesto de jefe de secretaría del secretario Autonómico de Medio Ambiente.

A finales de septiembre había 46 funcionarios de libre designación al servicio de Presidencia; 66 en Hacienda; 26 en Justicia; 45 en Infraestructuras y Transportes; 58 en Educación; siete en Sanidad; 33 en Industria; 24 en Agricultura; 49 en Medio Ambiente; seis en Turismo; 24 en Bienestar Social y dos en Gobernación, según los datos ofrecidos por De Rosa y adscritos a los 12 departamentos que tenía el Consell hasta junio pasado.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha presentado recurso de alzada contra todas las convocatorias de selección de personal por libre designación porque se trata de un procedimiento de "selección de personal", no de un mero trámite para cubrir provisionalmente una plaza. UGT sostiene que la "selección de personal" funcionario al servicio de la Generalitat exige atender a "un baremo" que "valore la formación académica y profesional, la experiencia laboral, los conocimientos de valenciano, el grado de minusvalía" de los aspirantes y, "en su caso", pero en último lugar, "al resultado de una entrevista".