Sevilla pide a Narbona que aplace el plan para recuperar el litoral

Los socialistas de los municipios costeros de Castellón remitirán un escrito a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el que solicitarán que aplace la aplicación de las propuestas elaboradas por el Gobierno y plasmadas en el documento Estrategia española para la sostenibilidad de la costa. En el escrito que remitirán al ministerio, alcaldes y concejales socialistas reclamarán "calma" y, más concretamente, que las actuaciones que prevé el plan "no se apliquen en la próxima legislatura". Así lo anunció ayer el ex ministro de Administraciones Públicas y candidato al Congreso p...

Los socialistas de los municipios costeros de Castellón remitirán un escrito a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el que solicitarán que aplace la aplicación de las propuestas elaboradas por el Gobierno y plasmadas en el documento Estrategia española para la sostenibilidad de la costa. En el escrito que remitirán al ministerio, alcaldes y concejales socialistas reclamarán "calma" y, más concretamente, que las actuaciones que prevé el plan "no se apliquen en la próxima legislatura". Así lo anunció ayer el ex ministro de Administraciones Públicas y candidato al Congreso por Castellón Jordi Sevilla. "Es difícil estar en contra de una política ambiental sostenible, pero tampoco vamos a estar en contra de los intereses de los ciudadanos", alegó. El plan en cuestión no existe, ni mucho menos tiene plazos para su ejecución. Pero el PP ha hecho bandera de un diagnóstico para atacar al PSOE.

Narbona ya indicó que el documento era sólo una herramienta de trabajo y que no se trataba de un plan que fuera a aprobar el Gobierno ni de una ley. La ministra habló del mismo como "un diagnóstico sobre la situación de nuestro litoral" y subrayó el hecho de que su aplicación no será posible sin el consenso con las comunidades autónomas.

Sin embargo, en Castellón, la exposición de lo que se debería hacer para preservar el litoral ha sido utilizada políticamente por el PP, que calificó el plan de "barbaridad" y lo usó como cortina de humo para ocultar la paralización de varios programas urbanísticos, pendientes de aprobación por parte de la Generalitat.

Jordi Sevilla quiere ahora, antes de las elecciones, que quede bien claro que las posibilidades que se plasman en el documento no son realizables a corto plazo. De hecho, el ex ministro aludió a la "manipulación que el PP está haciendo de estos planes". Según lo anunciado ayer por Sevilla, el escrito que se enviará a Cristina Narbona se elaborará con una base general, común en todos los casos, y sobre la que cada municipio aportará sus particularidades especificando los puntos más "sensibles" en cada tramo.El texto común hará referencia al apoyo de los socialistas castellonenses a la política de recuperación medioambiental y destacará el "esfuerzo inversor realizado por el ministerio en actuaciones como las aportaciones de arena y la rehabilitación de algunos tramos de costa", indicó Jordi Sevilla.

A continuación, los municipios pedirán que los planes se apliquen con "calma", según reiteró Sevilla, y que, en cualquier caso, las medidas que se adopten sean "negociadas con los ayuntamientos y con los ciudadanos afectados".

"Queremos la vía del pacto", aseguró Sevilla, "y no la de la confrontación o la imposición". El ex ministro hizo mención expresa a dos de las actuaciones que se incluyen en el plan de Cristina Narbona. Así, habló de la aplicación de la Ley de Costas, que prevé el derribo de las edificaciones que se encuentren dentro de la zona de dominio marítimo terrestre y que no fueron legalizadas en su día por los ayuntamientos, y de la recuperación de las concesiones que también existen para la ocupación en esta franja de 100 metros que ocupa el dominio. Respecto a las primeras, la mayoría de los casi 600 inmuebles afectados se encuentran en los municipios de Nules, Xilxes y Moncofa. Los propietarios tienen un plazo para el cumplimento de la ley que culmina en 2018 aunque el ministerio podría determinar ya la aplicación de la norma, que conlleva los derribos. Pese a que las estrategias hacen referencia a estas construcciones, que invaden el dominio marítimo terrestre, y el documento del ministerio habla de la recuperación de este terreno y la ejecución de acciones públicas contra los infractores, el hecho es que la dirección general de Costas no ha remitido ninguna orden para ejecutar los derribos.

En cuanto a las concesiones, Sevilla habló de "casetas muy arraigadas en la cultura de los municipios de la costa", en referencia, fundamentalmente, a los chiringuitos, que funcionan en régimen de concesión de dominio público. Para éstas, los socialistas reclamarán "indemnizaciones voluntarias o incentivos para que se abandonen antes de acabar la concesión".

El diputado y candidato socialista por Castellón también habló de otras actuaciones previstas en el plan, que marca la adquisición de terrenos en una franja de 500 metros en zonas de suelo no urbanizable y urbanizable no programado como una de las pautas que se deberían seguir para lograr la sostenibilidad de la costa. El documento del Ministerio de Medio Ambiente también señala la idoneidad de dejar fuera de ordenación franjas construidas como Marina d'Or o Torrenostra. De forma más generalizada, Jordi Sevilla señaló que las pautas descritas "no van a ponerse en marcha a partir de mañana sino que plantean la conveniencia de hacerlo" y precisó que, en cualquier caso, "hay que tratarlo con prudencia".

El anuncio de la elaboración del escrito que los grupos socialistas remitirán al ministerio se hizo ayer tras una reunión en la que participaron representantes de los ayuntamientos costeros afectados: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá, Oropesa, Benicàssim, Castellón, Almassora, Burriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara.

El análisis elaborado por el ministerio alerta de la regresión de la línea de costa que, en el litoral castellonense se sitúa hasta en 1,5 metros al año. También destaca el peligro de inundación, tanto fluvial como marina, que es patente prácticamente en el total de los 123 kilómetros de frente marítimo.

Los representantes socialistas admitieron la necesidad de proyectar un desarrollo sostenible pero también plantearon la necesidad de compatibilizar éste con un desarrollo turístico que es, en la mayoría de los casos, el eje económico de los pueblos. De esta manera, manifestaron su inquietud por la interpretación que se ha dado al documento de estrategia para la sostenibilidad de la costa y coincidieron en la necesidad de transmitir a sus vecinos "tranquilidad", así como que "no se dejen arrastrar por intereses partidistas", dijo Jordi Sevilla.