Diez negritos con toga
La crisis galopante del Tribunal Constitucional, que amenaza con necrosar una de las instituciones básicas de nuestro Estado de derecho, parece seguir en su agitada evolución la pauta de Diez negritos, la novela de Agatha Christie cuyo eje narrativo es una canción infantil inglesa. Pero, a diferencia de la variedad de los imaginativos métodos descritos en el cuento para eliminar a la decena de víctimas que salieron a cenar pero nunca regresaron, la docena de jueces con negras togas de nuestra historia están amenazados únicamente por el abuso del derecho procesal.
La baja inaugura...
La crisis galopante del Tribunal Constitucional, que amenaza con necrosar una de las instituciones básicas de nuestro Estado de derecho, parece seguir en su agitada evolución la pauta de Diez negritos, la novela de Agatha Christie cuyo eje narrativo es una canción infantil inglesa. Pero, a diferencia de la variedad de los imaginativos métodos descritos en el cuento para eliminar a la decena de víctimas que salieron a cenar pero nunca regresaron, la docena de jueces con negras togas de nuestra historia están amenazados únicamente por el abuso del derecho procesal.
La baja inaugural fue Pablo Pérez Tremps, objeto en febrero de 2007 de una desleal emboscada tendida por seis colegas para apartarle del conocimiento del recurso de inconstitucionalidad que el PP había presentado contra el Estatuto de Cataluña. Este primer negrito no fue suprimido al azar: su desaparición permitía formar una mayoría en el tribunal -seis sobre cinco- favorable al desmantelamiento de la norma recurrida.
La segunda sarracina de jueces giró en torno a la estrategia puesta en marcha por los populares para nombrar a un magistrado afín como presidente del Constitucional, árbitro de las disputas en caso de empate por su voto dirimente de calidad y con capacidad decisoria en la fijación del orden del día. La reforma introducida por las Cortes el pasado 24 de mayo en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) convirtió en norma el uso forense establecido hace casi dos décadas para prorrogar el mandato trienal del presidente hasta la conclusión del proceso de renovación correspondiente: elegida presidenta en junio de 2004, Casas permanecerá en el cargo hasta ser sustituida como magistrada no antes de diciembre de 2007.
El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la legalización de esa costumbre consolidada del tribunal; el artificial clima de sospecha creado con el fin de deslizar la insidia del supuesto interés directo en el pleito de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez -para conservar durante unos meses de propina sus cargos- les llevó por debilidad a proponer su abstención. Como era previsible, la trampilla se abrió el 27 de septiembre bajo los pies de los incautos: cinco de los diez magistrados dieron la abstención por buena, con el voto de calidad del presidente en funciones. Purgado de esos dos obstáculos el plenario de doce magistrados, el Pleno reducido de diez jueces encargado de la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la LOTC dispondría de mayoría suficiente para invalidar primero la norma, destituir después a Casas como presidenta y cubrir finalmente su puesto por un candidato del Partido Popular.
El obsceno cinismo de la maniobra sirvió de coartada al Gobierno para pedir el 19 de octubre -con argumentos formalmente correctos- la recusación en ese mismo pleito de los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata. Según sus cálculos, el mermado Pleno a ocho -con cuatro jueces eliminados: dos por abstención y dos por recusación- dispondría de una desahogada mayoría -cinco sobre tres- contra el recurso del PP, validaría la reforma de la LOTC y confirmaría a Casas como presidenta. El cuento infantil de Agata Christie tiene, sin embargo, un triste final: ninguno de los diez negritos sobrevive. Sabiendo que el Constitucional no puede adoptar acuerdos plenarios por debajo del quórum de ocho magistrados, el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, presentó el 26 de octubre una descabellada recusación contra tres de los ocho jueces restantes -Aragón, Pérez Tremps y Sala- fundamentada en una noticia falsa publicada ex profeso la víspera -¡cómo no!- por el diario El Mundo, relacionada con una reunión celebrada el 12 de junio. Los seis magistrados concurrentes -incluido Rodríguez-Arribas, ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura- han negado la veracidad de ese bulo bombeado desde el PP a fin de justificar la recusación.
Los esfuerzos desplegados por el presidente en funciones, Vicente Conde, para intentar recoger el agua derramada -en buena medida vertida por su culpa- mediante procedimientos excepcionales están siendo saboteados por los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata. La todavía presidenta Casas, preocupada por las "voces poco respetuosas" hacia el Constitucional provenientes de la política y de los medios, advierte de los peligros para la institución de ese cuestionamiento; el prestigio del alto tribunal, sin embargo, no debería servir de burladero a los magistrados que no han estado a la altura de sus responsabilidades exigibles. El portavoz del PP, que basó su escrito de recusación contra los tres magistrados sobre una intoxicación periodística ya desmentida, ha apelado a su corazón de jurista para ratificarse en sus tesis: en la canción transcrita por Agatha Cristie uno de los diez negritos también desaparece de escena -¿tendría corazón de rábula?- tras doctorarse en derecho.