Los municipios proponen presentar leyes al Parlamento
Los municipios gallegos quieren tener capacidad para presentar leyes al Parlamento gallego sobre asuntos de su interés. Es una de las resoluciones aprobadas por unanimidad de los tres grupos que forman parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que se someterán a votación en la asamblea del 22 de noviembre. PP, PSOE y BNG consensuaron sus reivindicaciones en materia de autonomía local, ordenación del territorio y modernización de la administración, pero no sobre estatutos. La razón es la propuesta de socialistas y nacionalistas de promover una presidencia rotatoria de l...
Los municipios gallegos quieren tener capacidad para presentar leyes al Parlamento gallego sobre asuntos de su interés. Es una de las resoluciones aprobadas por unanimidad de los tres grupos que forman parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que se someterán a votación en la asamblea del 22 de noviembre. PP, PSOE y BNG consensuaron sus reivindicaciones en materia de autonomía local, ordenación del territorio y modernización de la administración, pero no sobre estatutos. La razón es la propuesta de socialistas y nacionalistas de promover una presidencia rotatoria de la federación, a la que se opone el PP.
Sí se han puesto de acuerdo los tres grupos en reclamar mayor capacidad recaudatoria o un código ético de retribuciones de los cargos locales electos. En ordenación del territorio, reclaman a la Xunta unas directrices que respeten la autonomía local y piden la "inmediata aprobación inicial" del Plan del Litoral. El presidente de la federación, Xosé Crespo, lamentó el mensaje transmitido por la conselleira María José Caride en una entrevista en EL PAÍS respecto al posible retraso de este documento.
Los ayuntamientos reivindican que se simplifiquen los procesos de gestión urbanística y que la Ley del Suelo recoja en la definición de núcleo rural las instalaciones agrícolas y ganaderas. Solicitan además que las medidas de suspensión de urbanizaciones en la franja litoral de 500 metros, para que no supere un "plazo razonable" de dos años como máximo. Otra de las reivindicaciones consiste en que se compense económicamente a los ayuntamientos que implantes servicios supramunicipales.