El valor de la coordinación

Con una ley integral "bien pensada y bien atada", la descoordinación entre la Ertzaintza, los juzgados y, sobre todo, entre diputaciones y ayuntamientos supone para la presidenta nacional de la asociación feminista Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, el principal obstáculo que impide que las maltratadas vean sus derechos y su seguridad garantizados.

Ruiz se mostró esperanzada en conversación con este periódico con "la actitud de cambio, sensibilidad y ganas de hacer" de diversos ayuntamientos y algunas concejales y jueces. Aún así, apostó porque un órgano como Emakunde coordine a las...

Con una ley integral "bien pensada y bien atada", la descoordinación entre la Ertzaintza, los juzgados y, sobre todo, entre diputaciones y ayuntamientos supone para la presidenta nacional de la asociación feminista Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, el principal obstáculo que impide que las maltratadas vean sus derechos y su seguridad garantizados.

Ruiz se mostró esperanzada en conversación con este periódico con "la actitud de cambio, sensibilidad y ganas de hacer" de diversos ayuntamientos y algunas concejales y jueces. Aún así, apostó porque un órgano como Emakunde coordine a las instituciones y reclamó que entre ellas no exista la idea de que "unos se quitan el sitio a otros".

Otra dificultad, señaló, es que algunos jueces deniegan órdenes de protección "porque no creen a las mujeres". Ello ocurre, explicó, porque carecen de la formación y sensibilización adecuadas, las víctimas acuden sin información sobre sus derechos y recursos y son defendidas por abogados de oficio que, por la rapidez del proceso, "no las escuchan ni preparan bien el caso". Carecer de orden de alejamiento conlleva "no tener la titularidad de víctima, sin la cual se le niegan todas las ayudas, y la consideración de víctima en el proceso de separación".

Ruiz criticó que Interior siga sin crear una unidad de la Ertzaintza especializada en violencia contra las mujeres, "algo urgente y que la ley contempla". Señaló que aunque se concedan viviendas, las mujeres siguen sin estar protegidas en ellas.

Uno de los aspectos más dolorosos a los que se enfrentan las maltratadas es que, aunque la ley lo contemple, tras interponer la denuncia no se suspende el régimen de comunicaciones del presunto agresor con sus hijos, lo que las obliga a verles y, si no lo hacen, a perder la patria potestad.