Quebranto del derecho
El tradicional acto de apertura del año judicial se celebró ayer bajo la presidencia del Rey en unas circunstancias insólitas en la tradición judicial. Encaja mal con la costumbre consagrada que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, encargado de pronunciar el discurso oficial en nombre de la magistratura ante los representantes de los otros poderes e instituciones del Estado, se vea en la tesitura de recordar que ejerce sus funciones en plenitud y en total normalidad. Algo que debería darse por supuesto de no ser porque desde hace más de diez meses el órg...
El tradicional acto de apertura del año judicial se celebró ayer bajo la presidencia del Rey en unas circunstancias insólitas en la tradición judicial. Encaja mal con la costumbre consagrada que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, encargado de pronunciar el discurso oficial en nombre de la magistratura ante los representantes de los otros poderes e instituciones del Estado, se vea en la tesitura de recordar que ejerce sus funciones en plenitud y en total normalidad. Algo que debería darse por supuesto de no ser porque desde hace más de diez meses el órgano de gobierno de los jueces y quien lo preside está en prórroga de sus funciones, y que esa situación se proyecta muy negativamente sobre la presidencia del Tribunal Supremo.
La situación que se vive en la cúspide del Poder Judicial no sólo ensombreció el acto de ayer, así como el discurso de su presidente, Francisco Hernando, restándole relevancia institucional, sino que comienza a causar un grave quebranto en el normal funcionamiento del Estado de derecho. Se comprende que una buena parte de los jueces manifiesten su hastío y que alguna asociación judicial contemplara un posible boicoteo, que acertadamente luego no llevó a cabo, como una forma de protesta contra socialistas y populares, de los que depende conformar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los 20 vocales del Consejo. El PSOE obligó a su portavoz, Diego López Garrido, a hacer acto de presencia en el acto, pese a haber manifestado su intención de boicotearlo.
Quizá porque el conjunto de fuerzas políticas señalan al PP como único culpable de la situación, Rajoy se sintió ayer en la obligación de decir algo. El líder del PP no quiere que en el futuro Consejo haya vocales próximos a las minorías nacionalistas, como pretende el PSOE, y reclama disponer de una minoría de bloqueo de vocales afines. Es posible que el PSOE quiera recompensar a los grupos que le han apoyado para sacar adelante reformas como la exigencia de una mayoría de tres quintos en el Consejo para los nombramientos judiciales o la prórroga del mandato de la presidencia del Tribunal Constitucional. Pero cualquiera que sea el motivo, la pretensión del PSOE tiene una lógica autonómica impecable, además de parlamentaria, que el Consejo Judicial ha seguido en otras ocasiones con la incorporación de vocales propuestos por el PNV o CiU. ¿Por qué no extenderla en lo posible al conjunto de fuerzas del actual Parlamento?
Y que el PP quiera para sí una minoría de bloqueo sería condenar al futuro Consejo a la inacción o a su sometimiento a los vocales afines de dicho partido. Ningún grupo ha dispuesto por sí mismo hasta ahora de una minoría estable de bloqueo en el Consejo: cuando la ha habido ha sido coyuntural y formada por vocales de distinto signo. Las razones de Rajoy para justificar el boicoteo (en beneficio propio) son de poco peso.