El fiscal pide 3,4 años de cárcel por dos chalés ilegales en Chiclana
La Fiscalía de la Audiencia de Cádiz pide hasta tres años y cuatro meses de prisión para dos vecinos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que se construyeron dos viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable en el Pago Melilla, a pesar de que la Gerencia de Urbanismo le paralizó las obras. Además, el fiscal pide también un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial para un arquitecto técnico.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Gerencia de Urbanismo de Chiclana visitó el 13 de abril de 2004 la finca situada en terreno clasificado como no...
La Fiscalía de la Audiencia de Cádiz pide hasta tres años y cuatro meses de prisión para dos vecinos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que se construyeron dos viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable en el Pago Melilla, a pesar de que la Gerencia de Urbanismo le paralizó las obras. Además, el fiscal pide también un año y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial para un arquitecto técnico.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la Gerencia de Urbanismo de Chiclana visitó el 13 de abril de 2004 la finca situada en terreno clasificado como no urbanizable propiedad de M.M.B. y D.G.T. "Comprobó [el técnico de la Gerencia] que se estaba construyendo una vivienda unifamiliar aislada de unos 100 metros cuadrados sin la preceptiva licencia municipal, por lo que ordenó parar las obras. Posteriormente, en febrero de 2005, la policía comprobó que en la citada finca existían dos viviendas unifamiliares de nueva construcción separadas entre sí por una valla metálica, completamente terminadas y habitadas, pertenecientes cada una de ellas a los acusados, habiendo sido los mismos los promotores y constructores de dichas viviendas".
Según la Fiscalía, los acusados, por escritura de declaración de obra nueva y división vertical ante notario, hacen constar que en el año 1995 construyeron una casa destinada a vivienda, convenientemente distribuida en varias dependencias y servicios, con superficie total construido de 190 metros cuadrados, lo cual "no se corresponde con la realidad".
Para ello, utilizaron un certificado expedido por el arquitecto técnico F.C.T.S., para quien la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial. Por su parte, tanto para M.M.B. como para D.G.T. la Fiscalía pide un total de tres años y cuatro meses: 1,2 años por un delito de ordenación contra el territorio, 1,6 años por falsedad en documento oficial y ocho meses por desobediencia a la Autoridad. El arquitecto también está implicado en otro supuesto delito de falsedad por otras tres casas ilegales.