Comparación ejemplar
En las sociedades anglosajonas todavía se tienen en alta estima el juego limpio y las virtudes de la libre competencia. Así se ha podido comprobar de nuevo con motivo de las multas inmisericordes que han impuesto las autoridades británicas y estadounidenses a la compañía British Airways (BA) y a Korean Airlines por haber pactado con Virgin Atlantic el recargo que debían pagar los pasajeros en caso de encarecimiento del combustible. Nada menos que 180 millones de euros tendrá que pagar BA en el Reino Unido y 220 millones en Estados Unidos por haber infringido la ley del mercado que impide la c...
En las sociedades anglosajonas todavía se tienen en alta estima el juego limpio y las virtudes de la libre competencia. Así se ha podido comprobar de nuevo con motivo de las multas inmisericordes que han impuesto las autoridades británicas y estadounidenses a la compañía British Airways (BA) y a Korean Airlines por haber pactado con Virgin Atlantic el recargo que debían pagar los pasajeros en caso de encarecimiento del combustible. Nada menos que 180 millones de euros tendrá que pagar BA en el Reino Unido y 220 millones en Estados Unidos por haber infringido la ley del mercado que impide la colusión de precios. No es sólo la cuantía de la multa lo que llama la atención; sorprende favorablemente la sensatez con que ha respondido la compañía multada. Acepta que cometió una ilegalidad y paga silenciosa y responsablemente.
Importa poco que esa aceptación responda al temor o al convencimiento, porque en el primer caso enaltecería la firmeza de los legisladores y en el segundo honra a la propia compañía. Los organismos responsables de la libre competencia en el Reino Unido o Estados Unidos creen en los mercados transparentes y, aunque no estén libres de escándalos y decisiones sospechosas, se emplean con dureza legal contra quienes violan las normas, pensadas para proteger a los consumidores. Las empresas, por su parte, conocen bien las reglas del juego y saben que si las incumplen serán castigadas con severidad.
Bien distinta es la actitud de reguladores y empresas en otros países o mercados. En España, varias empresas y redes de distribución -desde productos de alimentación a carburantes- han sido sorprendidas con las manos en la masa de pactos colusorios de precios de venta y acuerdos por la espalda del cliente. Pero su primera reacción suele consistir en negar los hechos y, su segunda, enzarzarse en reclamaciones; la tercera suele ser la de no pagar o dilatar interminablemente el pago. Por su parte, las autoridades españolas de competencia jamás podrán ser acusadas de escarmentar con firmeza a los infractores. Suelen dudar al dictar las sanciones y retroceder cuando se trata de aplicarlas.
Si es necesario un ejemplo próximo, puede recurrirse al reciente apagón en Barcelona. Miles de damnificados están a la espera de que Endesa o Red Eléctrica acoten sus responsabilidades, expliquen sus inversiones temporales en infraestructura eléctrica en la zona -el argumento sirve también para Baleares, Andalucía y otras zonas que sufren cortes continuos de suministro- y muestren la silenciosa aceptación de los errores que se aprecia en British Airways. La comparación de actitudes sí que es odiosa.