MIRADOR

Condena e indulto

Los tambores de los adictos a Cheney se han puesto a sonar en Washington para pedir un indulto para el que fuera jefe de gabinete del vicepresidente y uno de los arquitectos de la guerra de Irak y las mentiras sobre las que se montó. Lewis Scooter Libby, que llegó a ser uno de los hombres más poderosos de esta Administración, fue condenado en marzo por obstrucción a la justicia y falso testimonio ante un gran jurado y ante agentes del FBI que investigaban la publicación de la identidad de una agente de la CIA, Valerie Plame, cuyo nombre fue ilegalmente filtrado a la prensa por la Casa B...

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Los tambores de los adictos a Cheney se han puesto a sonar en Washington para pedir un indulto para el que fuera jefe de gabinete del vicepresidente y uno de los arquitectos de la guerra de Irak y las mentiras sobre las que se montó. Lewis Scooter Libby, que llegó a ser uno de los hombres más poderosos de esta Administración, fue condenado en marzo por obstrucción a la justicia y falso testimonio ante un gran jurado y ante agentes del FBI que investigaban la publicación de la identidad de una agente de la CIA, Valerie Plame, cuyo nombre fue ilegalmente filtrado a la prensa por la Casa Blanca después de que su marido, el diplomático Joseph Wilson, desmintiera los intentos, que él investigó, de Sadam Husein de hacerse en Níger con material para una bomba atómica. Esta operación de venganza se teledirigió desde el equipo del vicepresidente, que ha quedado seriamente tocado. El martes, el juez Walton comunicó a Libby su pena: 30 meses de cárcel y una multa de 250.000 dólares. El juez no ha querido esperar a que se agotaran las apelaciones, por lo que Libby tendría que ingresar en prisión antes de dos meses.

La cuestión es si Cheney presionará con suficiente insistencia al presidente para que indulte a Libby. De momento, a juzgar por una de sus portavoces, Bush no parece querer dar ningún paso. De hacerlo constituiría un acto inmoral y políticamente reprobable. Antes de la lectura de la pena impuesta el fiscal le había pedido al juez que con su decisión mandara un claro mensaje de que "la verdad importa". Para el juez Walton, "la gente que ocupa ese tipo de cargos y que tiene el bienestar y la seguridad de la nación en sus manos, tienen una obligación especial de no hacer nada que pueda crear problemas". No lo podía haber dicho mejor.

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