Campaña enrarecida

Las elecciones autonómicas y municipales que se celebran hoy han sido precedidas por una campaña enrarecida. Se han confirmado, así, los peores temores de que la crispación que se vive desde el inicio de la legislatura hace ya más de tres años, terminase por desenfocar el planteamiento y el alcance de estos comicios, que los dos principales partidos han coincidido en considerar como una primera vuelta de las legislativas del próximo año. La excesiva implicación de los líderes nacionales en la campaña electoral ha eclipsado el perfil y las propuestas de los candidatos municipales y autonómicos,...

Las elecciones autonómicas y municipales que se celebran hoy han sido precedidas por una campaña enrarecida. Se han confirmado, así, los peores temores de que la crispación que se vive desde el inicio de la legislatura hace ya más de tres años, terminase por desenfocar el planteamiento y el alcance de estos comicios, que los dos principales partidos han coincidido en considerar como una primera vuelta de las legislativas del próximo año. La excesiva implicación de los líderes nacionales en la campaña electoral ha eclipsado el perfil y las propuestas de los candidatos municipales y autonómicos, que se han visto arrastrados a pronunciarse sobre una agenda política que, como el terrorismo, no corresponde a las esferas de responsabilidad a las que optan. Habrá que ver si este clima bronco no es castigado por los electores con una fuerte abstención como respuesta del distanciamiento y desconfianza de los ciudadanos con la clase política.

Uno de los pocos asuntos relacionados con el poder municipal y autonómico que ha logrado abrirse paso durante estas dos semanas ha sido la corrupción urbanística. Aun así, ha aparecido más como reflejo del clima de confrontación general que como uno de los más graves problemas a los que se enfrenta el país, con efectos perniciosos sobre la economía, el medio ambiente y el crédito de las instituciones.

Los partidos mayoritarios han tratado la corrupción como arma arrojadiza, denunciando los casos del adversario para hacer que resplandezca la propia virtud. Sin embargo, las urnas no son el procedimiento para depurar las eventuales responsabilidades judiciales de los candidatos, que muchas veces alcanzan el ámbito penal. El mandato que salga hoy de los votantes no va a absolver ni a condenar a aquéllos sobre los que pesan sospechas e, incluso, procesos por corrupción, y que los partidos tendrían que haber apartado de las listas. Debería ser, por el contrario, un mandato para poner fin a unas prácticas con las que los ayuntamientos no pueden seguir conviviendo mucho tiempo, al margen de que se requieran acuerdos de Estado para erradicar algunas de sus causas más arraigadas, como la insuficiencia de la financiación municipal y la de las formaciones políticas.

Más desdibujada aún que la campaña para las elecciones municipales ha resultado la de las autonómicas. Resulta bastante llamativo el contraste entre el crispado debate territorial que tuvo lugar con motivo de las reformas estatutarias y el silencio de los diversos partidos y candidatos sobre esta cuestión. Aquellas comunidades con un nuevo Estatuto aprobado se enfrentan ahora a su desarrollo, un aspecto esencial que, a juzgar por su escasa presencia en la campaña, parece haber perdido cualquier interés. En el caso de las autonomías con las reformas estatutarias por comenzar o ya en trámite, ninguna fuerza política ha querido hacer bandera de su impulso, su aprobación o de la eventual modificación del proyecto durante el recorrido parlamentario.

Parece como si la baja participación en algunos referendos recientes, como los de Cataluña y Andalucía, hubiese llevado a obviar el tema. En lugar de considerar la campaña electoral como el momento adecuado para asumir compromisos ante los ciudadanos, parecen haber prevalecido las exigencias más descarnadas de la propaganda política, como si el objetivo de los partidos en estas elecciones municipales y autonómicas se limitase a alcanzar el poder y decidir después qué se hace.

No han faltado tampoco episodios poco ejemplares, que no deberían convertirse en práctica corriente para futuras convocatorias. Más allá de los casos de manipulación de los censos en poblaciones de pocos habitantes y de los intentos de influir en el voto por correo, de los que se han ocupado los tribunales, se ha repetido en esta campaña un intento de influir en los resultados a través de promesas condicionadas a la victoria de un candidato determinado, y realizadas por personas e instituciones ajenas al ámbito político. Tampoco han faltado vergonzosos ejemplos de picaresca propagandística, como la de fingir la inauguración de hospitales e infraestructuras sin terminar tan sólo para que la imagen, y nada más que la imagen, cuente en el haber de un candidato. Y todo ello aderezado en mítines y debates con golpes bajos y exabruptos en los que se compara la situación política de hoy con la de hace 70 años.

Aunque cualitativamente distintos de todo lo anterior, los incidentes provocados por el entorno etarra en el País Vasco como respuesta a la prohibición de gran parte de sus listas han resultado ilustrativos de la incapacidad de ese mundo radical y reacio a la democracia para desmarcarse de la violencia y aceptar que los ciudadanos puedan expresarse libremente.

Si las elecciones son una pieza esencial del sistema democrático, las campañas en las que los candidatos solicitan el voto de los ciudadanos deberían discurrir por otros derroteros. La que ha precedido a la consulta de hoy no ha sido, desde luego, un ejemplo. Cabe esperar que tampoco sea un precedente.