A la caza del jubilado

Los partidos los utilizan estos días para llenar mítines y para que aplaudan a sus candidatos. Representan uno de cada cinco catalanes y, a diferencia de otros colectivos, acuden a votar en masa. Son decisivos y cada día son más. Por todo ello, los mayores de 65 años se han convertido en objetivo electoral prioritario. Su papel en estas elecciones es más importante si cabe: el día 27 se decide la composición de los ayuntamientos que deberán aplicar la Ley de Dependencia. Promesas de más centros de día, más teleasistencia y más servicios a domicilio. La subasta también llega a los mayores.
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Los partidos los utilizan estos días para llenar mítines y para que aplaudan a sus candidatos. Representan uno de cada cinco catalanes y, a diferencia de otros colectivos, acuden a votar en masa. Son decisivos y cada día son más. Por todo ello, los mayores de 65 años se han convertido en objetivo electoral prioritario. Su papel en estas elecciones es más importante si cabe: el día 27 se decide la composición de los ayuntamientos que deberán aplicar la Ley de Dependencia. Promesas de más centros de día, más teleasistencia y más servicios a domicilio. La subasta también llega a los mayores.

Admite, con amargura, Josep Lluís Rueda, miembro del Consell de la Gent Gran de Barcelona, que los mayores son "mera decoración" para los partidos políticos. "Somos un mercado asegurado, que votamos siempre y con gran fidelidad hacia un partido. Somos animales políticos que todavía arrastramos la gran frustración política de la dictadura. Nada más".

Pero ello no impide que los partidos políticos se empleen a fondo para seducir al electorado más maduro. Buena muestra de ello es el dispendio de todas las administraciones en el certamen Fira Gran que ayer cerró sus puertas en la Barceloneta tras recibir a más de 230.000 visitantes.

Los jubilados votan más y ello lo explica todo. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, sólo el 9% de los mayores de 65 años se declara abstencionista. En el grupo de los más jóvenes, el porcentaje se triplica.

Todos los partidos compiten para presentarse como los principales garantes de que la Ley de Dependencia se aplique a rajatabla. Incluso aquellos que no la votaron, como Convergència i Unió. Todos se comprometen a luchar para lograr la universalización de la atención domiciliaria a quien la necesite y avanzar en dar cobertura universal en servicios de teleasistencia.

Queda por ver si los fondos previstos alcanzarán para todo. En ello está Ricard Gomà (ICV-EUiA), concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona. Gomà considera "realista" la fecha de 2015 que se fija la propia ley para completar su despliegue. Eso sí, advierte: "siempre que el Gobierno central y la Generalitat cumplan con lo establecido y nos remitan el dinero". En la Ley de Dependencia, como en tantas otras, el Gobierno es quien la redacta y se hace la foto, pero son los ayuntamientos los responsables de aplicarla.

Recursos insuficientes

El Gobierno catalán no oculta que los 587 millones previstos por el Gobierno para poner en marcha la ley son insuficientes. "No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la diferencia del coste de vida entre las diferentes comunidades", afirma la consejera de Acción Social, Carme Capdevila.

Y ello perjudicará a los ayuntamientos. En el caso de Barcelona habrá que multiplicar por tres los servicios de atención domiciliaria si se quiere cumplir lo establecido en la ley. Si el año pasado eran 10.300 los beneficiarios de este servicio, al final de la próxima legislatura se tendrá que alcanzar la cifra de 30.000. También habrá que ponerse las pilas en teleasistencia y pasar de 16.400 atendidos a cerca de 30.000. A tenor de estas cifras, el incremento presupuestario de un 150% que han tenido las políticas de asistencia en la última legislatura será una gota de agua en el océano de las futuras necesidades.

La derecha propone atajos a tan complicado camino. El convergente Xavier Trias y el candidato del PP Alberto Fernández Díaz son los grandes defensores de potenciar el sector concertado en detrimento del público, más caro de mantener. "A la gente no le importa de quién sea el servicio mientras se la trate correctamente y tenga financiación pública", argumentó Trias en su reciente cara a cara con Jordi Hereu organizado por EL PAÍS.

El Partido Popular usa un discurso parecido. "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es contratar mediante concierto las plazas ya existentes en residencias y centros privados. Es lo más barato y lo más rápido", argumenta la concejal del PP Àngels Esteller.

Las izquierdas mantienen la apuesta por los centros de titularidad pública o, en segunda opción, concertar servicios a entidades sin ánimo de lucro. El programa del PSC para Barcelona promete, por ejemplo, 2.500 plazas de residencia y otras 800 en centros de día, la mayor parte de ellas de titularidad pública.

Jordi Hereu es consciente de lo ambicioso de estos compromisos. Por eso quiere controlar muy de cerca el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, hasta ahora en manos de Iniciativa. La semana pasada Hereu dijo que quiere recuperar para el PSC esta responsabilidad, lo que molestó sobremanera a la ecosocialista Imma Mayol. "Antes de repartir el poder, Hereu tiene que conseguir la alcaldía", recordó.

Esquerra Republicana tampoco desdeña al electorado senior. Jordi Portabella se ha sacado de la manga la idea de que los jubilados con problemas económicos puedan compartir piso a la manera de los estudiantes. Propone también Portabella que el Ayuntamiento complete hasta los 500 euros mensuales la paga que reciben todas las familias con discapacitados a su cargo.

Los colectivos de jubilados como el de Josep Lluís Rueda contemplan incrédulos el alud de promesas. "Somos mayores, no tontos".