Detenidos el ex 'número dos' de Gil y su hija por el 'caso Malaya'
Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha del fallecido regidor Jesús Gil, y su hija María del Pilar Román fueron detenidos ayer sobre las 14.00 en el aeropuerto de Málaga, cuando regresaban en un vuelo procedente de Zurich (Suiza). Ambos se encontraban en busca y captura desde la semana pasada por orden del juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres.
Pedro Román está acusado de un supuesto fraude sobre bienes públicos y su hija aparece como administradora de una de las sociedades investigadas en la operación contra la corrupción mun...
Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha del fallecido regidor Jesús Gil, y su hija María del Pilar Román fueron detenidos ayer sobre las 14.00 en el aeropuerto de Málaga, cuando regresaban en un vuelo procedente de Zurich (Suiza). Ambos se encontraban en busca y captura desde la semana pasada por orden del juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres.
Pedro Román está acusado de un supuesto fraude sobre bienes públicos y su hija aparece como administradora de una de las sociedades investigadas en la operación contra la corrupción municipal en Marbella, según fuentes de la investigación.
El nombre de Román, teniente de alcalde entre 1991 y 1998, surgió en el interrogatorio del último detenido en el caso Malaya, el ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía Florencio San Agapito, en libertad bajo fianza de 500.000 euros.
Los investigadores creen que el ex primer teniente de alcalde era socio de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, y que utilizaba los servicios del abogado Juan Germán Hoffmann, considerado testaferro en paraísos fiscales de Roca.
La relación del ex teniente de alcalde con los tribunales se prolonga en el tiempo. La semana pasada fue condenado junto a Julián Muñoz y otros seis ediles a un año de prisión por un delito urbanístico.
En febrero le impusieron una indemnización de más de dos millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública. En septiembre de 2000 fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por el denominado caso camisetas -desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid-, aunque para entonces ya había abandonado la actividad política.
En enero de 1999 ingresó en prisión preventiva por el caso Atlético, en el que se juzgó las irregularidades cometidas en la transformación del Atlético en sociedad anónima, pero salió el mismo año tras pagar una fianza de 120.000 euros.